El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar las presuntas irregularidades administrativas y financieras denunciadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, ante posibles anomalías en contrataciones, conflictos de interés y manejo de recursos públicos.

La petición fue presentada el pasado 21 de octubre por el diputado federal Emilio Suárez Licona, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados y representante del PRI ante el Consejo General del INE, quien consideró indispensable esclarecer los señalamientos difundidos en medios de comunicación.

Durante una reunión de dicha comisión legislativa, el diputado priista planteó la necesidad de abrir formalmente un procedimiento de revisión y fiscalización sobre los hechos denunciados, al considerar que ninguna institución pública debe quedar al margen de la rendición de cuentas.

“La sugerencia y la petición del PRI a esta comisión es que se acuerde formalmente abrir un proceso de revisión y fiscalización de hechos concretos”, manifestó.

Suárez Licona sostuvo que los señalamientos sobre presuntos malos manejos administrativos dentro del organismo electoral deben ser investigados por las autoridades competentes, particularmente por tratarse de una institución responsable de garantizar la legalidad y transparencia de los procesos electorales.

En respuesta a las denuncias públicas, la Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio relacionada con el posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

De acuerdo con lo comunicado por la ASF, existen elementos e indicios sobre presuntas irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, situaciones que deberán ser examinadas para determinar si se cometieron faltas administrativas o conductas contrarias a la legislación.

El legislador priista destacó que entre distintas fuerzas políticas existe preocupación por los señalamientos contra la administración del Instituto, por lo que consideró necesario que su presidenta, Guadalupe Taddei, ofrezca explicaciones sobre las publicaciones periodísticas que advierten posibles irregularidades.

“Es un hecho que está en la discusión pública nacional, que debe aclararse”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que el inicio del proceso electoral 2026-2027 obliga a reforzar los mecanismos de vigilancia y fiscalización sobre el organismo encargado de organizar los comicios, con el propósito de preservar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

“Cualquier autoridad electoral se debe conducir bajo los más altos estándares de transparencia, revisión de cuentas y pulcritud en el manejo de los recursos públicos”, enfatizó Suárez Licona.

El representante priista insistió en que la Comisión de Vigilancia de la ASF debe atender los señalamientos públicos y promover las acciones necesarias para esclarecer el destino y ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Instituto Nacional Electoral.

La investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación abre así un procedimiento de revisión sobre las presuntas anomalías administrativas, aunque la existencia de indicios no implica, por sí misma, que se hayan acreditado responsabilidades.

Para el PRI, resulta indispensable que los hechos sean esclarecidos mediante los procedimientos legales correspondientes, particularmente ante la proximidad de los comicios de 2027, cuando el INE tendrá bajo su responsabilidad la organización de las elecciones federales y diversas actividades relacionadas con los procesos locales.