La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y obligar a las empresas a implementar medidas de prevención y atención de la discriminación, al advertir que los centros laborales concentran un elevado número de denuncias por estas prácticas.
La legisladora señaló que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre 2015 y 2025 se registraron tres mil 85 quejas a nivel nacional, principalmente por condición de salud, con 625 casos; embarazo, 597; género, 432; edad, 410; discapacidad, 376, y orientación sexual, 238.
Sostuvo que la discriminación laboral limita el acceso al empleo, obstaculiza el desarrollo profesional, restringe las oportunidades de ascenso y profundiza las desigualdades económicas y sociales, por lo que consideró insuficiente mantener únicamente su prohibición legal.
Como parte de su propuesta, planteó establecer obligaciones para empleadores y trabajadores encaminadas a garantizar ambientes laborales libres de violencia, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer el respeto a los derechos humanos.
La reforma contempla que los centros de trabajo con 50 o más empleados implementen políticas permanentes de igualdad e inclusión, programas de capacitación y mecanismos internos para recibir, atender y dar seguimiento a posibles actos discriminatorios.
Además, propone que las empresas capaciten periódicamente a su personal para identificar, prevenir y eliminar estas conductas, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ascencio Ortega destacó que, entre 2018 y junio de 2026, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México registró mil 34 expedientes relacionados con discriminación laboral, mientras que más del 70 por ciento de las quejas atendidas por ese organismo involucraron a particulares, principalmente empresas privadas.
La senadora precisó que los lineamientos deberán considerar el tamaño, la actividad económica y la capacidad operativa de los centros laborales, a fin de evitar cargas desproporcionadas para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa, publicada en la Gaceta del Senado el 21 de octubre, fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación.
