Ante los miles de embarazos registrados cada año entre niñas mexicanas, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para incorporar a la legislación el concepto de embarazo infantil forzado, establecer mecanismos obligatorios de protección y garantizar que las autoridades investiguen posibles delitos de violencia sexual contra menores de edad.
La legisladora advirtió que, durante 2025, un total de 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en México, lo que representa un promedio de 22 nacimientos diarios, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Barrales Magdaleno sostuvo que estos embarazos no deben normalizarse ni considerarse decisiones libres de las menores, debido a las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y posibles situaciones de abuso sexual que enfrentan a esas edades.
Para atender esta problemática, propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la incorporación de disposiciones que definan el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre entre los 10 y 14 años, bajo la presunción de que deriva de violencia sexual.
La senadora explicó que reconocer jurídicamente esta situación permitiría activar protocolos de protección desde el momento en que las autoridades tengan conocimiento de un embarazo infantil, sin esperar a que la víctima o su familia presenten una denuncia.
Como parte de su argumentación, mencionó casos recientes registrados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña de apenas 10 años fue atendida por un parto prematuro con complicaciones graves, y en Matamoros, Tamaulipas, donde una menor de 11 años recibió atención médica por un embarazo de cinco meses presuntamente derivado de violencia sexual.
También hizo referencia a situaciones detectadas en municipios del Estado de México, entre ellos El Oro y Texcoco, donde se reportaron uniones de niñas de 10 y 12 años con hombres adultos considerablemente mayores.
La legisladora consideró que estas diferencias de edad evidencian relaciones profundamente desiguales y obligan a las instituciones a investigar posibles delitos, en lugar de asumir que existe consentimiento.
La iniciativa establece que hospitales, escuelas e instituciones de asistencia social deberán notificar inmediatamente a las fiscalías y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes cuando detecten estos casos, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes y adoptar medidas de protección.
Asimismo, contempla garantizar atención médica y psicológica especializada, asesoría jurídica gratuita, continuidad educativa y mecanismos para evitar la revictimización, con el propósito de que las menores reciban acompañamiento institucional durante todo el proceso.
Barrales Magdaleno subrayó que la responsabilidad de activar la protección y procurar justicia debe recaer en las autoridades, y no en las niñas afectadas, quienes frecuentemente enfrentan condiciones familiares, sociales o económicas que dificultan denunciar los abusos.
La propuesta también incluye un artículo transitorio que otorgaría un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para realizar las adecuaciones legislativas necesarias y tipificar el delito de embarazo infantil forzado.
“Sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”, sostuvo la senadora al defender la necesidad de reconocer expresamente esta problemática.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, donde será analizada para determinar su viabilidad jurídica y eventual aprobación.
