Con el propósito de evitar que niñas, niños y adolescentes enfrenten intimidación, presiones o ambientes hostiles durante procedimientos judiciales, senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para garantizar su derecho a ser escuchados y expresar libremente sus opiniones en asuntos civiles y familiares que afecten sus vidas.

La propuesta plantea reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a fin de establecer garantías específicas para que las autoridades judiciales escuchen y consideren las opiniones de los menores de edad, en condiciones adecuadas a su desarrollo y madurez.

Los legisladores advirtieron que, pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de la infancia, persisten prácticas, prejuicios y barreras institucionales que dificultan su participación efectiva en decisiones judiciales relacionadas con su entorno familiar y personal.

Recordaron que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha señalado que no puede garantizarse una participación auténtica cuando las comparecencias se desarrollan en ambientes intimidatorios, hostiles o inadecuados para la edad de los menores.

Aunque México reconoce este derecho mediante la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, los senadores consideraron necesario incorporarlo expresamente en la legislación que regula los procedimientos judiciales.

Explicaron que la iniciativa no pretende crear un nuevo derecho, sino fortalecer su aplicación y evitar que quede únicamente como un principio general sin mecanismos claros para garantizar su cumplimiento.

“La propuesta busca proveer mayor certeza jurídica y coherencia normativa al ejercicio de este derecho”, señalaron los promoventes, al destacar que las autoridades deberán asegurar condiciones apropiadas para escuchar a niñas, niños y adolescentes durante los procesos civiles y familiares.

La reforma también busca impedir que sus declaraciones sean condicionadas por presiones, inducción o cualquier forma de coerción, particularmente en procedimientos donde puedan existir conflictos entre adultos que afecten directamente sus intereses.

Asimismo, pretende que las opiniones de los menores sean tomadas en consideración conforme a su edad y madurez, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Finalmente, los legisladores del PVEM subrayaron que escuchar a niñas, niños y adolescentes no debe ser una formalidad judicial, sino una garantía efectiva de participación y protección de sus derechos, especialmente cuando las decisiones de los tribunales pueden modificar su vida familiar y su bienestar.