Los diputados federales del PRI, Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, denunciaron que la comparecencia de los titulares del sector salud en la Cámara de Diputados fue organizada para favorecer al Gobierno federal, limitar los cuestionamientos de la oposición y evitar respuestas sobre el desabasto de medicamentos, las deficiencias hospitalarias y las condiciones laborales del personal médico. Además, anunciaron que analizan solicitar formalmente la renuncia del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, este viernes 6 de noviembre, Sánchez Sánchez acusó a las presidencias de las comisiones de Salud y Seguridad Social de impedir que los legisladores de oposición modificaran el formato de la comparecencia para que fueran los diputados, y no los funcionarios federales, quienes cerraran las intervenciones.

“No podemos estar nosotros aquí en el Palacio Legislativo a la orden del Poder Ejecutivo. Aquí están en la casa de los diputados”, expresó el legislador, quien sostuvo que la solicitud buscaba respetar el carácter de rendición de cuentas de la comparecencia.

Explicó que, ante la negativa de la mayoría oficialista, los diputados del PAN abandonaron inicialmente la reunión, mientras que los representantes del PRI permanecieron hasta tener oportunidad de expresar sus inconformidades y posteriormente se retiraron.

“Completamente un escenario a modo”, respondió Sánchez Sánchez al ser cuestionado sobre las condiciones en que se desarrolló el encuentro con los funcionarios federales.

El diputado también criticó que las autoridades sanitarias pidieran evitar la politización del debate, pero recurrieran a referencias sobre gobiernos anteriores, particularmente el de Felipe Calderón y las administraciones denominadas neoliberales, en lugar de concentrarse en los problemas actuales del sistema de salud.

Uno de los principales cuestionamientos del priista estuvo relacionado con la distribución de recursos para 2027. Señaló que, mientras el IMSS contempla un incremento presupuestal, el ISSSTE no recibiría un aumento equivalente, pese a las necesidades de infraestructura, personal y atención médica.

Advirtió que existen clínicas en condiciones deficientes, donde incluso los derechohabientes deben cooperar económicamente para realizar mejoras. Como ejemplo, mencionó una unidad médica cuya construcción, aseguró, tuvo que ser financiada por un gobierno municipal, aunque correspondía a una institución federal.

Sánchez Sánchez también reclamó la falta de publicación de una reforma al artículo 123 constitucional, que, según explicó, fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y los congresos estatales, pero permanece pendiente de promulgación.

Sostuvo que dicha modificación permitiría mejorar las condiciones salariales de trabajadores del sector público, incluidos médicos y enfermeras, y acusó que su aplicación se ha retrasado por falta de previsiones presupuestales.

El legislador pidió que se destinen mayores recursos a la atención médica, al suministro de medicamentos y al fortalecimiento de las instituciones públicas, en lugar de privilegiar otros proyectos gubernamentales.

Por su parte, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández acusó a los funcionarios del sector salud de presentar resultados alejados de las dificultades que enfrentan pacientes y trabajadores.

La legisladora utilizó la expresión “mafia de la salud” para cuestionar el desarrollo de la comparecencia y denunció que no se abordaran suficientemente los problemas de abastecimiento, infraestructura hospitalaria y las presuntas agresiones contra personal médico y de enfermería durante manifestaciones laborales.

También exigió explicaciones sobre los resultados de la Megafarmacia del Bienestar, proyecto impulsado durante la administración anterior para atender el desabasto de medicamentos.

“¿En dónde está esa megafarmacia? ¿En dónde quedó?”, cuestionó Sandoval Hernández, al reclamar que los funcionarios hablaran de gobiernos anteriores sin profundizar en los resultados de las políticas sanitarias recientes.

La diputada criticó además la presencia de asistentes que aplaudían a los titulares de las instituciones médicas, al considerar que se buscó proyectar una imagen favorable de la comparecencia.

En cuanto a la permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS, Luis Gerardo Sánchez fue enfático al señalar que el PRI analiza presentar una solicitud formal para exigir su renuncia.

“Si no pueden con el cargo, renuncien”, sostuvo el legislador, quien consideró que los problemas de atención médica, las inconformidades del personal sanitario y las dificultades presupuestales justifican revisar la continuidad de los responsables del sector.

Al preguntarle si su bancada respaldaría la exigencia del PAN para separar a Robledo de la dirección del Seguro Social, respondió que existe disposición para impulsar esa petición oficialmente.

“Hoy en los posicionamientos, en esa parte del posicionamiento venía y yo iba a cerrar con ese, pidiendo la renuncia de Zoé”, reveló.

Sánchez Sánchez reconoció que el IMSS-Bienestar ha permitido ampliar determinados servicios, pero insistió en que las diferencias presupuestales entre las instituciones limitan su capacidad de respuesta.

Los diputados priistas concluyeron que la prioridad debe ser mejorar los servicios médicos y garantizar recursos suficientes para hospitales, medicamentos y salarios del personal sanitario, además de exigir que las comparecencias permitan un verdadero ejercicio de fiscalización legislativa.

Las acusaciones sobre el formato de la reunión contrastan con la postura del presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella, quien sostuvo que las reglas habían sido aprobadas previamente y acusó a un grupo minoritario de legisladores de incumplir los acuerdos parlamentarios.

La controversia dejó abiertas las diferencias entre oficialismo y oposición sobre la rendición de cuentas en materia de salud, mientras el Congreso continúa la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

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