Ante el desabasto de medicamentos en las instituciones públicas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que el Gobierno federal asuma su responsabilidad y devuelva, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el dinero que los pacientes gasten de su propio bolsillo para adquirir las medicinas que deberían recibir gratuitamente.

A través de sus redes sociales, el partido denunció que miles de familias mexicanas enfrentan una doble carga económica: contribuir al sostenimiento del sistema público de salud y, cuando los hospitales y clínicas no cuentan con los medicamentos prescritos, verse obligadas a comprarlos en farmacias particulares.

“¡Ya basta de pagar por las fallas del sistema de salud!”, expresó el PRI al anunciar su respaldo a una propuesta legislativa presentada durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

La iniciativa fue impulsada por la diputada federal Nadia Navarro Acevedo, a nombre del coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, mediante una reserva al artículo 34 del proyecto presupuestal.

La propuesta establece que, cuando las instituciones públicas federales no proporcionen los medicamentos prescritos por personal médico autorizado y los pacientes deban adquirirlos con recursos propios, las dependencias correspondientes estarán obligadas a reembolsar el importe efectivamente pagado, con cargo a su presupuesto autorizado para 2027.

Para garantizar su cumplimiento, se plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establezca mecanismos sencillos, gratuitos y accesibles para solicitar la devolución.

El reembolso tendría que realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el propósito de evitar que los pacientes enfrenten trámites prolongados para recuperar recursos destinados a tratamientos médicos indispensables.

El planteamiento surge en medio de los cuestionamientos de legisladores de oposición sobre el abastecimiento de medicamentos, las deficiencias hospitalarias y las dificultades financieras que enfrentan las instituciones públicas de salud.

Durante la discusión presupuestal, Nadia Navarro advirtió que no resulta suficiente anunciar la ampliación de los servicios médicos hacia un sistema universal si antes no se garantiza el financiamiento necesario para atender a los pacientes y proporcionarles sus tratamientos.

La legisladora también cuestionó que las familias deban asumir las consecuencias económicas de las fallas institucionales, particularmente cuando se trata de personas con enfermedades crónicas que requieren medicamentos de manera permanente.

El PRI sostuvo que el derecho a la salud no puede depender de la capacidad económica de los pacientes, ni las deficiencias en el suministro de medicinas deben convertirse en una carga adicional para los hogares.

Aunque las autoridades federales han reportado avances en los niveles de abastecimiento, el partido insistió en que los pacientes que no reciben sus tratamientos completos necesitan una solución inmediata y un mecanismo que proteja su economía.

La propuesta todavía requiere aprobación legislativa para convertirse en una obligación presupuestal; por lo tanto, el reembolso no constituye actualmente un beneficio autorizado por esta reserva.

“La salud es un derecho y las familias mexicanas no tienen por qué pagar las consecuencias de la falta de medicamentos”, enfatizó el PRI.

Con esta propuesta, el partido busca que el costo del desabasto recaiga en las instituciones responsables de proporcionar los tratamientos y no en los pacientes, quienes, además de enfrentar una enfermedad, deben destinar parte de sus ingresos a medicamentos que deberían estar disponibles en el sistema público de salud.

Hazla más breve y contundenteAclara que aún es una propuesta