El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó este lunes una nueva crisis interna luego de que 544 de sus 841 módulos de atención ciudadana suspendieran operaciones, equivalentes al 64.7 por ciento del total, debido a las protestas de trabajadores que exigen mejores salarios, condiciones laborales dignas y el fin de presuntas irregularidades administrativas.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que, tras varias horas de negociaciones con una comisión de ocho representantes de los trabajadores, se alcanzaron acuerdos para restablecer el servicio este martes 10 de noviembre en todo el país.

Acompañada por los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Arturo Chávez, explicó que el INE ofreció un incremento salarial mínimo del seis por ciento a partir de enero de 2027, con la posibilidad de elevarlo dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Los trabajadores habían planteado aumentos de hasta 25 por ciento y remuneraciones cercanas a los 19 mil pesos mensuales.

La movilización dejó únicamente 297 módulos en funcionamiento. Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala registraron la suspensión total de sus oficinas, mientras que el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro figuraron entre las entidades con mayor número de módulos operando.

Cruz García aseguró que las citas afectadas serán reprogramadas y que se establecerán mecanismos especiales para atender a quienes no pudieron recoger su credencial para votar.

Entre los compromisos inmediatos destacan mejoras en instalaciones sanitarias, mantenimiento, suministro de materiales, limpieza, vigilancia y respeto a los periodos de descanso y alimentación durante la jornada laboral.

La funcionaria también garantizó que no habrá descuentos salariales, actas administrativas ni represalias contra quienes participaron en las protestas, luego de que trabajadores denunciaran presuntas amenazas de superiores jerárquicos.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con las jornadas laborales, que, según las denuncias del personal, pueden extenderse considerablemente durante los procesos electorales. La presidenta provisional reconoció que existen actividades extraordinarias, aunque sostuvo que deben organizarse turnos para evitar cargas excesivas.

La protesta también estuvo marcada por cuestionamientos sobre el presunto dispendio de recursos y posibles actos de corrupción dentro del organismo, particularmente en contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei.

Al respecto, Carla Humphrey reconoció la indignación de los trabajadores y destacó la importancia de las investigaciones internas y externas para esclarecer posibles irregularidades.

Los consejeros confirmaron que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción no estarán limitadas a los últimos diez años, sino que podrán abarcar todo el periodo permitido por las facultades legales de las autoridades competentes.

Arturo Castillo explicó que la intención es recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las instancias investigadoras, incluida la Fiscalía General de la República, puedan proteger la documentación y las pruebas relacionadas con los procedimientos.

Por otra parte, Cruz García informó que el INE mantiene el registro de aproximadamente 30 renuncias tras la salida de Taddei, aunque reconoció que la cifra podría actualizarse.

Respecto al presupuesto de 2027, adelantó que el organismo deberá revisar los recortes aprobados por la Cámara de Diputados y procurar que las reducciones no afecten los salarios del personal ni las actividades esenciales del próximo proceso electoral.

También confirmó que el proyecto presupuestal contempla reducciones salariales para consejeros y altos mandos, conforme a los nuevos límites legales aplicables a partir de 2027.

Finalmente, la presidenta provisional aseguró que hasta el momento no se ha identificado algún contrato que deba rescindirse, aunque las revisiones administrativas continúan.

El INE se comprometió a restablecer este martes la totalidad de sus módulos de atención ciudadana, mientras mantiene abiertas las negociaciones salariales y las investigaciones sobre presuntas irregularidades que han profundizado la crisis institucional del organismo electoral.