El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó abrogar el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, luego de que permanecieran cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales, pese a los compromisos alcanzados con las organizaciones sindicales.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes 9 de noviembre, el organismo resolvió dejar sin efecto el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios judiciales y cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.

La decisión se produjo después de las negociaciones sostenidas el pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la participación de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y dirigentes de tres organizaciones sindicales del Poder Judicial.

En esos encuentros se acordó modificar el sistema de evaluación para eliminar cualquier disposición que pudiera interpretarse como una medida sancionatoria o causal de separación del cargo.

También se estableció suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales y modificar los criterios que pudieran generar valoraciones subjetivas sobre el desempeño de los trabajadores.

Sin embargo, el OAJ informó que, pese al compromiso sindical de reanudar normalmente las actividades este lunes, continuaban cerradas las instalaciones de por lo menos 50 juzgados y tribunales federales, situación que afecta directamente el acceso de la ciudadanía a la justicia.

Ante este escenario, el Pleno decidió cancelar por completo el acuerdo de evaluación, en lugar de limitarse a realizar las modificaciones previamente negociadas.

El Órgano de Administración Judicial reiteró que su prioridad es garantizar el funcionamiento de los tribunales federales, preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores afectaciones a las personas que requieren atención judicial.

Con esta determinación, queda sin efecto el mecanismo de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial establecido en el acuerdo abrogado, mientras el organismo mantiene su compromiso de fortalecer la impartición de justicia y asegurar una atención oportuna a la ciudadanía.