La educación inclusiva en México continúa enfrentando importantes obstáculos, particularmente cuando las escuelas trasladan a las familias la responsabilidad económica de contratar personal especializado para atender a estudiantes con discapacidad o neurodivergencias, situación que profundiza las desigualdades y puede constituir una forma de discriminación.

De acuerdo con información de la agencia Contra Luz Legislativa, la doctora Cristyna Yolanda Escalante Garma, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), advirtió que el derecho a la educación no debe depender de la capacidad económica de los hogares para financiar los apoyos que corresponden a las instituciones educativas.

En su análisis “La cadena de la exclusión: ¿quién paga realmente la educación inclusiva?”, la especialista señala que, aunque la legislación mexicana reconoce la obligación de garantizar una enseñanza accesible, persiste una considerable distancia entre las disposiciones legales y las condiciones reales de las aulas.

Explicó que algunas escuelas exigen a los padres contratar monitoras o personal de acompañamiento, conocido como “sombra”, incluso cuando no existe una valoración individual que determine si el estudiante necesita ese apoyo.

La investigadora aclaró que no todos los alumnos con discapacidad requieren acompañamiento permanente, pues imponerlo indiscriminadamente puede limitar su autonomía y representar gastos innecesarios. Sin embargo, también existen estudiantes para quienes resulta indispensable y cuya ausencia dificulta su aprendizaje.

Escalante Garma recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de realizar ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades, mientras que su negativa puede constituir discriminación.

El problema se agrava porque numerosas familias ya enfrentan gastos adicionales en terapias, consultas médicas y cuidados especializados, además de que algunos integrantes deben reducir sus jornadas laborales para atender a sus hijos.

A esta situación se suma la precariedad laboral de muchas monitoras, quienes frecuentemente trabajan sin prestaciones ni seguridad social y, en ocasiones, desempeñan funciones que corresponden al personal docente.

La especialista destacó que en Yucatán, pese a la reforma de 2023 a la Ley de Educación, persisten dificultades relacionadas con la falta de capacitación docente, grupos numerosos y recursos insuficientes para garantizar una verdadera inclusión.

Como ejemplo, mencionó antecedentes documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), donde la insuficiencia presupuestaria fue utilizada para justificar la falta de asignación de acompañamiento escolar.

Asimismo, destacó iniciativas legislativas recientes en Baja California y Tamaulipas orientadas a establecer mecanismos de apoyo individual, financiamiento institucional y esquemas de acompañamiento educativo.

No obstante, advirtió que la solución no consiste únicamente en regular la contratación de monitoras, sino en fortalecer la formación docente, garantizar recursos suficientes y establecer evaluaciones individualizadas que respondan a las necesidades de cada estudiante.

La educación inclusiva, sostuvo, debe ser una responsabilidad compartida, pero nunca una obligación económica trasladada exclusivamente a las familias.

Finalmente, Escalante Garma planteó que el desafío para las autoridades educativas y legislativas consiste en garantizar que ningún estudiante sea excluido de las aulas por carecer de recursos para pagar los apoyos necesarios.

La investigación, difundida por Contra Luz Legislativa, subraya que una verdadera política de inclusión debe eliminar las barreras educativas, proteger la autonomía de los estudiantes y asegurar que el acceso a la educación sea un derecho efectivo, no un privilegio condicionado por los ingresos familiares.