Por Daniel Lee
La elección de Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas representa mucho más que dos victorias electorales: confirma el avance de una generación de estadounidenses con raíces mexicanas que está conquistando espacios de poder y plantea una pregunta inevitable: ¿cuándo tendrá México una representación política binacional a la altura de sus millones de connacionales en Estados Unidos?
La migración mexicana está dejando de ser solamente una historia de trabajadores que cruzan fronteras, familias separadas y comunidades que envían remesas. También es una historia de poder político. Los resultados de las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos ofrecen una muestra contundente de esa transformación.
Dos nombres destacan: Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien hizo historia al ganar la gubernatura de Texas. Ambos tienen raíces familiares mexicanas y representan una realidad que México no puede seguir ignorando: los hijos y descendientes de migrantes están pasando de formar parte de las estadísticas demográficas a ocupar posiciones desde las cuales se toman decisiones que afectan a millones de personas.
Becerra, hijo de una madre originaria de Jalisco, construyó una trayectoria política de primer nivel. Fue congresista, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Su triunfo tiene una dimensión histórica al convertirse en gobernador de uno de los estados con mayor peso económico y político de la Unión Americana.
En Texas, Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina en alcanzar esa gubernatura. Su madre es originaria de San Luis Potosí. Su victoria también representa un cambio político de enorme relevancia en un estado donde el poder estatal había permanecido durante décadas en manos republicanas.
No se trata de idealizar a estos personajes por su ascendencia. Tener raíces mexicanas no significa automáticamente defender los intereses de México ni representar las demandas de todos los migrantes. Sin embargo, sería un error minimizar lo que significa que personas con historias familiares vinculadas a nuestro país lleguen a gobernar dos estados estratégicos para la comunidad mexicana.
Aquí está el punto que México debería analizar con mayor seriedad: California y Texas concentran millones de personas de origen mexicano. Sus gobiernos tienen facultades sobre educación, empleo, seguridad, salud, vivienda y políticas que afectan directamente a las comunidades migrantes. Sus decisiones pueden repercutir en la vida cotidiana de nuestros connacionales, desde sus oportunidades laborales hasta el entorno en el que educan a sus hijos.
Para dimensionar el desafío: la población de origen mexicano en Estados Unidos supera los 40 millones de personas. No estamos hablando de una comunidad marginal, sino de una fuerza demográfica, económica, laboral y electoral con capacidad para influir en el rumbo político de la principal economía del mundo.
El contraste con México es inevitable. Mientras en Estados Unidos una parte de la población de ascendencia mexicana avanza hacia posiciones de decisión, en nuestro país millones de connacionales siguen enfrentando una representación política insuficiente y mecanismos de participación limitados.
Los mexicanos en Estados Unidos no solamente aportan su trabajo. En 2025 enviaron a México aproximadamente 62 mil 472 millones de dólares en remesas. Detrás de esa cifra hay trabajadores, familias, pequeños negocios y comunidades enteras que dependen de una economía construida, en buena medida, con el esfuerzo de quienes viven del otro lado de la frontera.
Sin embargo, existe una contradicción difícil de justificar: México reconoce la importancia económica de sus migrantes, pero todavía tiene mucho por hacer para garantizarles una participación política efectiva y una representación que responda a sus necesidades.
La experiencia de la Ciudad de México demuestra que es posible avanzar. Desde 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organiza la elección de la Diputación Migrante, una figura que permite a los capitalinos residentes en el extranjero elegir directamente a una persona que los represente en el Congreso local.
Los resultados son reveladores. En 2021 participaron 8 mil 906 personas; para 2024, la cifra llegó a 45 mil 742 votos. Un crecimiento de más de 413 por ciento que desmiente cualquier argumento de apatía política entre quienes viven fuera del territorio nacional.
Pero una diputación migrante no puede convertirse en una cuota testimonial ni en una posición utilizada para favorecer intereses partidistas. Debe traducirse en iniciativas, resultados, interlocución permanente y rendición de cuentas ante las comunidades que representa.
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