El crecimiento de las plataformas digitales, la circulación masiva de información y el uso cada vez más extendido de herramientas de inteligencia artificial están transformando la manera en que la sociedad consume contenidos y se relaciona con los medios de comunicación. Ante este panorama, especialistas del ámbito jurídico, periodístico y de la comunicación analizaron los retos que enfrenta la protección del derecho a la información y los derechos de las audiencias durante el conversatorio “Derechos de las Audiencias”, realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
El encuentro, organizado por la Facultad de Derecho, en coordinación con la Consejería Jurídica Universitaria y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Estado de México, formó parte de la Primera Jornada Universitaria sobre Derecho, un espacio académico destinado a acercar el conocimiento jurídico a la comunidad universitaria y a la sociedad.
Durante el conversatorio, las y los participantes coincidieron en que el acceso a una mayor cantidad de información no necesariamente significa que la ciudadanía esté mejor informada. Por el contrario, la multiplicación de contenidos en redes sociales y plataformas digitales exige desarrollar nuevas capacidades para identificar información confiable, verificar fuentes, contrastar datos y reconocer las diferencias entre contenidos informativos, opiniones y mensajes publicitarios.
La discusión fue moderada por María Fernanda Valdés Figueroa, directora general de Comunicación Social Universitaria de la UAEMéx, y contó con la participación de Karina Sánchez García, especialista en derechos de las audiencias y derecho a la información; Lenin Martell Gámez, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; Francisco Ledesma Ibarra, periodista y analista político; Rafael González Cubas, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Estado de México, y Gastón Pedraza Muñoz, director de Uniradio 99.7.
Uno de los principales ejes del intercambio fue la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación de los medios de comunicación, la autorregulación y la participación ciudadana. Al respecto, se abordó la importancia de establecer mecanismos que permitan proteger los derechos de las audiencias sin que estos se conviertan en instrumentos de censura o control sobre la libertad de expresión.
En este sentido, se destacó que la ciudadanía debe contar con espacios y procedimientos para manifestar inconformidades, cuestionar los contenidos que recibe y exigir el respeto a sus derechos. La protección de las audiencias, señalaron, no debe limitarse a la existencia de disposiciones legales, sino traducirse en mecanismos accesibles y efectivos que permitan a las personas ejercerlos.
Otro aspecto relevante fue el papel de las defensorías de audiencias, consideradas instancias fundamentales para fortalecer la relación entre los medios de comunicación y sus públicos. Estas figuras permiten establecer canales de comunicación, atender inconformidades y promover prácticas responsables en la difusión de contenidos.
Sin embargo, durante el encuentro también se subrayó la importancia de fortalecer su autonomía y garantizar las condiciones institucionales necesarias para que puedan desempeñar sus funciones sin interferencias, manteniendo como prioridad los derechos de las personas que consumen información.
La accesibilidad fue otro de los temas abordados por las y los especialistas, quienes señalaron que el ejercicio del derecho a la información debe contemplar las necesidades de las personas con discapacidad. Esto implica generar condiciones para que los contenidos y servicios de comunicación puedan ser consultados y comprendidos por distintos sectores de la población, evitando que las barreras físicas, tecnológicas o comunicativas limiten su participación.
Asimismo, el avance de la inteligencia artificial y la transformación de los entornos digitales plantean nuevos desafíos para la identificación, producción y circulación de contenidos. En un escenario donde los mensajes se difunden rápidamente y pueden alcanzar a millones de personas, la capacidad de analizar críticamente la información adquiere una importancia central para la vida democrática y la participación social.
Las y los especialistas coincidieron en que la responsabilidad de garantizar los derechos de las audiencias no corresponde únicamente a las autoridades o a los medios de comunicación. También requiere una ciudadanía informada, capaz de reconocer sus garantías, cuestionar los contenidos que consume y recurrir a las instancias disponibles cuando considere que sus derechos han sido vulnerados.

