El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó cinco iniciativas para garantizar el acceso a medicamentos, ampliar la cobertura de los servicios médicos, mejorar las condiciones de los seguros de salud y fortalecer las finanzas del IMSS y del ISSSTE. Al mismo tiempo, exigió investigar las presuntas omisiones gubernamentales relacionadas con los brotes de sarampión y tosferina, que, según las cifras expuestas por el legislador, han provocado decenas de fallecimientos en México.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador panista sostuvo que las propuestas buscan proteger la economía de las familias, garantizar atención médica oportuna y establecer mecanismos de rendición de cuentas para evaluar los resultados del sistema nacional de salud.
La primera iniciativa plantea incorporar el artículo 34 Bis a la Ley General de Salud para reconocer el derecho de los pacientes a recibir un reembolso cuando las instituciones públicas no suministren los medicamentos o insumos médicos prescritos, evitando que las familias tengan que absorber gastos derivados del desabasto.
La segunda propone avanzar hacia el acceso universal a los servicios de salud mediante mecanismos de intercambio de atención entre instituciones públicas, con reglas que permitan aprovechar la infraestructura hospitalaria disponible y reducir las barreras de acceso.
Una tercera reforma busca establecer mejores condiciones de accesibilidad, transparencia y portabilidad en los seguros de gastos médicos y de salud, mediante modificaciones a diversas disposiciones fiscales, financieras y sanitarias.
Las otras dos iniciativas contemplan mecanismos de financiamiento para el intercambio de servicios médicos, la protección del Fondo de Salud para el Bienestar y el fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad de las reservas financieras y actuariales del IMSS y del ISSSTE.
Ramírez Barba explicó que estas propuestas también buscan incorporar indicadores sobre control de enfermedades, complicaciones y mortalidad evitable, para que las instituciones rindan cuentas sobre la calidad y efectividad de sus servicios.
En su posicionamiento, el diputado denunció el deterioro de los programas de vacunación y aseguró que el pasado 17 de noviembre la Organización Panamericana de la Salud confirmó que México perdió su estatus de eliminación del sarampión debido al restablecimiento de la transmisión endémica.
De acuerdo con las cifras oficiales que citó, al 12 de noviembre se acumulaban 20 mil 701 casos de sarampión y 50 fallecimientos durante el periodo 2025-2026.
Asimismo, señaló que el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 51 de 2025 reportó 72 muertes por tosferina, de las cuales 69 correspondieron a menores de un año sin antecedentes de vacunación.
El legislador afirmó que estas cifras obligan a investigar las condiciones en que ocurrieron los fallecimientos, particularmente las posibles deficiencias en la adquisición, distribución y aplicación de vacunas.
En materia presupuestal, denunció que entre 2022 y 2025 existió una diferencia acumulada de 44 mil 457 millones de pesos entre los recursos aprobados por la Cámara de Diputados y los efectivamente ejercidos en el programa de vacunación.
Aclaró que esta diferencia no significa necesariamente que los recursos hayan desaparecido, pero exigió que las secretarías de Salud y Hacienda expliquen las reducciones, reasignaciones y montos que dejaron de ejercerse, así como sus posibles consecuencias sobre las campañas de inmunización.
Ramírez Barba responsabilizó políticamente a los gobiernos de Morena por las deficiencias que, a su juicio, contribuyeron al deterioro de la cobertura de vacunación y reclamó que las investigaciones se concentren en quienes tomaron las decisiones presupuestales y administrativas, no en el personal médico y de enfermería.
El diputado demandó la comparecencia de las autoridades sanitarias y hacendarias ante la Cámara de Diputados, así como una auditoría integral que permita determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Incluso consideró que la gravedad de los acontecimientos amerita investigar una posible negligencia criminal, aunque precisó que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Entre sus siete exigencias concretas, planteó convocar a comparecencias públicas de los funcionarios responsables; transparentar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido; y publicar información detallada sobre las vacunas adquiridas, distribuidas, aplicadas, desperdiciadas o caducadas.
También solicitó revisar técnicamente cada fallecimiento por sarampión y tosferina, identificar oportunidades perdidas de prevención, promover auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y dar intervención al Ministerio Público cuando existan indicios de posibles delitos.
Asimismo, propuso establecer responsabilidades individuales, respetando el debido proceso, e implementar un plan nacional verificable para recuperar las coberturas de vacunación y avanzar nuevamente hacia la eliminación del sarampión.
Recordó que la Organización Panamericana de la Salud establece como referencia una cobertura mínima del 95 por ciento con dos dosis contra el sarampión, acompañada de vigilancia epidemiológica y mecanismos eficaces de respuesta.
Finalmente, Ramírez Barba cuestionó que la Cámara de Diputados apruebe recursos sin verificar posteriormente su ejercicio y advirtió que la fiscalización del gasto público constituye una responsabilidad constitucional de todos los legisladores, independientemente de su afiliación partidista.
El diputado panista insistió en que las autoridades deben explicar las decisiones que pudieron afectar la prevención de enfermedades y garantizar que las investigaciones permitan esclarecer las causas de los fallecimientos, determinar responsabilidades y evitar que nuevas deficiencias en el sistema de vacunación pongan en riesgo la vida de niñas y niños mexicanos.

