La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para garantizar que niñas, niños y adolescentes cuyos padres, madres o tutores legales se encuentren desaparecidos mantengan el acceso a los servicios de salud, evitando que la pérdida de su principal sostén familiar también los deje desprotegidos en materia médica.

La propuesta contempla adicionar el artículo 36 Bis a la Ley General de Salud para asegurar la continuidad de la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de maternidad que corresponda a los menores, cuando su madre, padre o tutor legal tenga la condición de persona desaparecida.

Corona Nakamura advirtió que tanto la desaparición forzada como la cometida por particulares generan víctimas directas e indirectas, entre estas últimas los hijos menores de edad, quienes enfrentan consecuencias económicas, emocionales y sociales que pueden agravarse ante la falta de protección institucional.

La legisladora explicó que el artículo 116 de la Ley General de Víctimas contempla un programa permanente de becas para víctimas directas e indirectas que cursen estudios de primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas. Sin embargo, señaló que en materia de salud no existe una disposición equivalente que establezca con claridad durante cuánto tiempo deben mantenerse los servicios médicos.

Consideró que esta omisión representa un problema significativo, pues la atención sanitaria no puede limitarse a situaciones de emergencia ni depender de medidas temporales. Por ello, planteó que la cobertura médica se garantice, cuando menos, durante un periodo equivalente al de la protección educativa prevista para las víctimas.

“La protección a toda niña, niño y adolescente es de interés superior, y si ésta se refiere a casos en que desafortunadamente son víctimas indirectas del delito de desaparición forzada, la urgencia por enmendar esta carencia se torna crucial”, sostuvo.

La senadora subrayó que la desaparición de un familiar constituye una tragedia que puede prolongarse durante años, por lo que resulta indispensable impedir que los menores sean revictimizados mediante la suspensión de servicios esenciales para su bienestar y desarrollo.

Finalmente, Rocío Corona Nakamura afirmó que la reforma busca fortalecer la protección integral de las infancias afectadas por la desaparición de personas, garantizando que la incertidumbre sobre el paradero de sus familiares no se traduzca también en la pérdida de su derecho a recibir atención médica.