Ante la falta de un registro nacional que permita identificar y proteger a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres por feminicidio, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), exigió acelerar la creación de este instrumento para garantizar atención psicológica, apoyos económicos, becas educativas y protección jurídica a las víctimas indirectas de la violencia feminicida.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Senado de la República, la legisladora por Zacatecas solicitó a la Secretaría de las Mujeres, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones coordinar esfuerzos para poner en funcionamiento el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio.
Bañuelos advirtió que, mientras las investigaciones y las exigencias de justicia se concentran en las mujeres asesinadas, miles de menores podrían permanecer invisibles para las instituciones, sin mecanismos suficientes que garanticen su bienestar, educación, estabilidad emocional y desarrollo integral.
“Detrás de cada mujer asesinada puede existir un niño que espera volver a abrazar a su madre. Son infancias que quedan marcadas por una tragedia que nunca eligieron”, expresó la senadora al señalar las profundas consecuencias familiares y sociales de este delito.
La legisladora destacó que México todavía carece de un padrón nacional consolidado que permita conocer con precisión cuántos menores han quedado en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, dónde se encuentran, quiénes están a cargo de su cuidado y cuáles son sus necesidades más urgentes.
De acuerdo con información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencias contra las Mujeres (BANAVIM), durante un periodo de año y medio se identificaron al menos 157 menores que habrían quedado en condición de orfandad por feminicidio. Sin embargo, Bañuelos advirtió que esta cifra podría estar considerablemente subestimada debido a las deficiencias en la recopilación y sistematización de información.
La situación resulta especialmente preocupante en Zacatecas, donde, según datos de la organización civil Causa Común citados por la legisladora, durante el primer semestre de 2026 se registraron siete víctimas de feminicidio, cifra que representó un incremento de 600 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.
La organización identificó esta variación como un comportamiento estadístico atípico, lo que colocó a Zacatecas entre las entidades con incrementos porcentuales más pronunciados en este delito y encendió las alertas sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, investigación y protección a las familias afectadas.
Como antecedente de las acciones institucionales, Bañuelos recordó que el 1 de mayo de 2026 se instaló el Grupo de Trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, encabezado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Este grupo tiene como propósito desarrollar mecanismos que permitan identificar a las víctimas indirectas, integrar información sobre sus condiciones de vida y facilitar su acceso a las medidas de asistencia, protección y reparación previstas en la legislación.
No obstante, la senadora consideró indispensable acelerar los trabajos, pues la existencia de un grupo interinstitucional no resuelve por sí misma las necesidades inmediatas de los menores que han perdido a sus madres.
Insistió en que el registro deberá incorporar información retrospectiva para identificar también a quienes quedaron en situación de orfandad durante años anteriores, evitando que las víctimas de feminicidios ocurridos antes de la creación del instrumento permanezcan excluidas de los programas de atención.
Asimismo, planteó que la información recopilada permita activar mecanismos de restitución integral de derechos, mediante apoyos económicos, becas escolares, atención psicológica especializada y acompañamiento jurídico para las familias que asumen la responsabilidad de criar a los menores.
La legisladora subrayó que la protección no debe limitarse a identificar a las víctimas, sino garantizar que reciban atención continua y que las instituciones den seguimiento a sus condiciones familiares, educativas y emocionales.
Para el Partido del Trabajo, sostuvo, esta problemática constituye una prioridad social y una obligación del Estado mexicano, particularmente porque las consecuencias del feminicidio pueden prolongarse durante toda la infancia y adolescencia de quienes pierden a sus madres.
“Existe una deuda histórica con las niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de feminicidio, quienes, además de enfrentar una pérdida irreparable, se han visto expuestos al abandono y la falta de continuidad de las acciones institucionales destinadas a protegerlos”, manifestó.
Bañuelos enfatizó que la coordinación entre dependencias federales será determinante para evitar la dispersión de información, la duplicidad de esfuerzos y los vacíos institucionales que dificultan el acceso de las víctimas a los programas de asistencia.
Finalmente, la senadora Geovanna Bañuelos exigió que el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio se convierta en una herramienta efectiva, actualizada y con perspectiva de derechos humanos, capaz de garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede desprotegido después del asesinato de su madre.
“Solo mediante un registro integral, actualizado y con perspectiva de derechos humanos será posible garantizar que todas estas infancias tengan acceso oportuno a los apoyos institucionales, a la atención que requieren y a la restitución integral de sus derechos”, concluyó.

