El revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al Presidente Andrés Manuel López Obrador al suspender (en este órgano) la recién publicada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impulsada por el propio Ejecutivo, le obliga a actuar de manera ordenada e inteligente creando una institución que, a partir de revisiones y estudios técnicos, defina el grado de percepción que debe tener cada actividad desarrollada en el país, y no por ocurrencias, planteó Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

 

“Es indispensable –dijo- que abordemos con seriedad el tema de los salarios: ¿Quién o cómo definió que el salario máximo iba a ser el del Presidente de la República? ¿Qué estudio hay detrás para definir que 108 mil pesos es lo que él merece ganar, y quién o cómo definió que nadie puede percibir más?”

 

“Sin duda, añadió Ortega Martínez, el Presidente es el funcionario público con mayor grado de responsabilidad; pero no hay ninguna duda tampoco de que existen especialidades técnicas profesionales superiores a las que tiene este o cualquier otro presidente, y deberían sujetarse a los parámetros del mercado, de cómo son pagadas funciones especializadas. ¡Son diferentes todas, y requieren ser catalogadas de manera profesional, inteligente, no con ocurrencias!”, subrayó el legislador del Partido de la Revolución Democrática.

 

Al destacar que la nota principal de este inicio de semana se enfoca en la reacción que tuvieron jueces y magistrados del Poder Judicial para manifestar su inconformidad por la aplicación de manera unilateral, de la Ley de Remuneraciones; con más de cinco mil funcionarios amparados, es evidente ya una especie de “resistencia pacífica”, que rechaza la intromisión del Ejecutivo sobre las facultades de un poder autónomo como es el Judicial.

 

“Sin duda hay excesos, abusos y, desde el primer momento en que se presentó la minuta (de Ley para regular los salarios máximos), en el PRD señalamos muy claramente nuestra posición a favor de que se pusiera orden, control, y se frenaran los excesos; pero al mismo tiempo, pusimos el dedo en la llaga al precisar que la propuesta llegó del Senado desfasada, con términos que violaban leyes y constituciones, y que había que precisar”, recordó.

 

Hoy –agregó- el poder omnímodo recibió una reacción de otro poder que lo puso en su lugar y creo que es lo que todos deberíamos hacer. Repito esta frase: “El mejor poder es aquel que tiene como contrapeso a otro que lo modera y lo equilibra”.

 

Y de nueva cuenta -afirmó Ortega- López Obrador recibe, lamentablemente para él, una mala noticia: La Corte suspende la aplicación de una Ley sancionada y publicada en el Diario Oficial hasta que se discuta a fondo; por lo cual solo será aplicada a empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo ya que el otro poder, el Judicial, ha dicho que no va a atenderla y, en todo caso, planteará un esfuerzo solidario de estrechamiento de su gasto.

 

Para el caso del Poder Legislativo, explicó, estamos en vísperas de recibir el paquete presupuestal y decidiremos qué hacer. De entrada, adelanto que hay un consenso mayoritario de que, efectivamente, debemos reducir los ingresos de los diputados en términos salariales; pero ¿qué hay funcionarios cuyas responsabilidades y especialización profesional nos dejan dudas? ¿qué estudio hubo detrás para definir que determinado funcionario debería de ganar tal cantidad de dinero?

 

En años pasados, el país logró la transición política. Se consiguió derrotar al sistema del partido casi único; se dio paso a la alternancia y, sobre todo, se dio paso a la construcción de un entramado institucional al que se dotó de organismos autónomos, independientes que ejercieran equilibrios y control sobre determinadas funciones del poder público: El Pacto por México y órganos autónomos generaron estos instrumentos de equilibrio.

 

Estamos ciertos, concretó Antonio Ortega, de que no hay mejor control contra el poder, que el poder mismo, y el Presidente ha cometido el error de pensar que 30 millones de votos y la mayoría que tiene en el Congreso, le dan derecho de actuar impunemente sobre el entramado institucional que, con mucho esfuerzo, se ha construido.

 

“Se equivoca López Obrador si piensa que eso lo autoriza a atropellar derechos y facultades de los poderes constitucionales de este país, porque lo único que está logrando, es lesionar la armonía, la colaboración y el entramado de facultades divididas que tienen estas entidades públicas”, finalizó.