Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados señaló que el llamado a comparecer para el Secretario Carlos Urzúa, se torna impostergable de cara al reporte económico que habrá de dar en los próximos días sobre el segundo trimestre del año y las decisiones que se han tomado con resultados adversos en empleo; inversiones, y la inacabada incertidumbre financiera que impide entrada de más capitales para incentivar el crecimiento económico.

Indicó que la dimisión de Germán Martínez al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social por el tema de la “austeridad gubernamental”, hace ahora ya indispensable esta presencia del responsable de la Secretaría de Hacienda quien –dijo Ortega- se ha negado a acudir al recinto Legislativo de San Lázaro pese a que le fue solicitado desde hace un mes.

“Al doctor Urzúa, que es un académico respetado, que es un funcionario que ha logrado generar un ambiente de respeto y confianza, lamentablemente no le gusta el debate, ni transparentar las decisiones ante las y los legisladores. No le gusta escuchar otros puntos de vista”, aseveró Ortega.

No obstante, el también integrante de la Comisión de Presupuesto consideró que, frente al ambiente que hay en el país, Urzúa debería reconsiderar y ser promotor del diálogo entre poderes que ayuden a esclarecer las dudas, la incertidumbre y, sobre todo, qué va a pasar con el futuro económico del país”.

“Hemos pedido que comparezca para informar sobre el estado que guarda el segundo informe trimestral y, las políticas que han sido criticadas intensamente en los últimos días, que tienen que ver con los recortes a estados y municipios y, prácticamente, la inacción de entidades de gran importancia para la población, además de la solución que estarían planteándose”, indicó.

“Es indispensable que el doctor Urzúa nos precise sobre los recortes de personal -que están dándose desde diciembre- en toda la administración pública federal, pues aparte de que se ha acentuado la fuga de personajes con alto nivel de capacitación, vemos una desatención de muchos servicios y áreas como consecuencia de estos ajustes”.

Sobre todo -mencionó el legislador federal- queremos que el secretario nos explique en qué consiste y hasta qué grado está planteado el recorte presupuestal en toda la administración para dedicar los recursos a áreas que –a nuestra consideración- deben ser precisadas, transparentadas, y esclarecidas.

“Nosotros solicitamos a la Comisión de Hacienda hace más de un mes, su comparecencia; pero la respuesta que han dado sus funcionarios, es que no era necesario, que están siendo cumplidas las obligaciones de presentar los informes trimestrales”.

Sin embargo, recalcó, creo que ahora el ambiente político, la crítica, el desaseo y la desinformación obligan a que el secretario transparente y trate de transmitir a la sociedad y a los actores políticos que la representamos, cuáles son las medidas que están tomando y las consecuencias que tienen previstas”, subrayó.

Ortega Martínez mencionó que, frente a las condiciones que se están presentando y los excesos que se cometen desde la Presidencia de la República para modificar los recursos que se le autorizaron desde la Cámara de Diputados en diciembre pasado, el PRD planteó una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que limite la facultad del Ejecutivo para alterar el recurso asignado.

“El debate suscitado a partir de la renuncia de Martínez Cázares ha puesto sobre la mesa un tema político fundamental: ¿Cuál es el grado de libertad? ¿Hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo para modificar el presupuesto que -en su función de órgano de control sobre el Ejecutivo- aprobó la Cámara para que se ejercieran los recursos públicos durante todo el año?”, cuestionó.

El perredista recordó que la ley da facultades “prácticamente extremas” al Ejecutivo para modificar el presupuesto; pero alertó que “con esto se debilita la facultad de control y exclusiva que tienen las y los diputados de aprobar los recursos”.

“No estamos en contra de que haya necesidades que obligan a modificarlas; pero que se establezcan límites a esa facultad. Es decir: Cuando hay un monto y una necesidad extrema que no afecte al conjunto del Presupuesto, no tenemos inconveniente de que el Ejecutivo haga ajustes; pero cuando se impacte la política de distribución, el Presidente debería consultarnos. Mantener el Legislativo su facultad exclusiva y de control sobre el Presupuesto público y hacer los arreglos necesarios sin afectar lo aprobado”, expuso.

Antonio Ortega concretó sin embargo que como esa posibilidad aún no está aprobada en la ley, resulta indispensable que Urzúa se presente ante comisiones de la Permanente y atienda las dudas; explique en qué consisten los ajustes presupuestales que se están operando, y que han empezado a generar no solo ruido mediático, sino detrimento a la operatividad de la administración y de las políticas públicas en todo el país y en todos los órdenes de la actividad del gobierno.