El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que el Senado de la República tiene la obligación de legislar la Ley General para el uso lúdico de cannabis, a fin de cumplir con lo que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El alto tribunal otorgó una prorroga al Senado de la República, hasta el próximo el 30 de abril, para que legisle en la materia, y precisó que la Ley de Amparo es muy clara en señalar que se puede prorrogar una vez”.

“El Senado está obligado a legislar para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte”, y lo tiene que hacer en el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de febrero y concluye el 30 de abril, y se trata de un solo dictamen que contempla la parte medicinal, la regulación del uso recreativo, así como la producción y comercialización de cannabis”, indicó.

De acuerdo con el legislador, la Corte obliga al Senado a la regulación en la parte recreativa y establece también que el Ejecutivo federal reglamente las obligaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Hay dos obligaciones en este momento, una es la obligación legislativa y otra es la obligación reglamentaria, que le corresponde al Ejecutivo… Esa reglamentación la debe el Ejecutivo federal, esa no nos corresponde legislar, nada más que lo que se estaba partiendo es que hubiera primero la ley para que de ahí saliera el reglamento”, precisó.

Sin embargo, el senador integrante de la Comisión de Justicia indicó que el dictamen sigue detenido en esta instancia legislativa, y que tiene observaciones de la Comisión de Salud, pues se trata de un solo paquete, “como una ley General para regular tanto la parte medicinal como la recreativa, de investigación y producción”.

Lo que está en debate y tiene detenida la dictaminación de esta nueva ley general es lo que tiene que ver con los comestibles, las cantidades que puedan tener o poseer cada persona que consuma marihuana, precisó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Es decir, que cada persona, si se registra, pueda tener hasta cuatro plantas en su casa, y máximo si en ese lugar viven cinco, podrán tener hasta 20 plantas (cinco por persona). “Lo de las organizaciones civiles dicen que 20 plantas no duran para el arranque”.

Advirtió que se tiene que tener mucha claridad para definir quiénes y qué laboratorios serán los que harán los medicamentos a base de cannabis, porque de lo contrario puede ocurrir que cualquiera pretenda producirlos y no se tenga la calidad del producto.

“Hay que ser claros en eso, porque si no te empiezan a vender lo que venden en el Metro, el famoso ‘marihuanol’, que ni fu ni fa, ni siquiera sabes qué calidad o qué procesamiento tiene. Ya están vendiendo cápsulas, y al Senado fueron y vendieron ungüentos”.

Otro punto que está a debate sin avances es que no se habla claro de la posibilidad de compra, porque se plantea el aumento de la posesión, pero no de dónde puede comprarse, y otro punto a discusión es la producción vertical.

“Si tú quieres sembrar te voy a dar una licencia para siembra, pero no te voy a permitir que proceses, y si te permito que proceses no te voy a permitir que vendas. Entonces, esa falta de integración vertical también se está criticando mucho”, abundó Mancera Espinosa.

Lo que también está en debate es lo que se ha denominado “trazabilidad” o “testado”, procesos encaminados a verificar la calidad de las plantas, “obviamente va a haber mucha gente en el campo que no van a poder cumplir con ellas”, pues cabe mencionar que uno de los objetivos es que los campesinos sean los productores de la cannabis, puntualizó.

Fuente: NTX