La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, tiene  tres días de plazo para presentar ante un juez federal los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa Cruz Azul, corresponden a la cooperación y colaboración internacional con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Laura Gutiérrez de Velasco, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, difirió una audiencia incidental, la cual aplazó para el próximo 22 de junio a las nueve horas, una vez que la UIF remita las copias certificadas y la impartidora de justicia las analice.

“Se encuentra transcurriendo el término de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, otorgado mediante proveído de doce de junio pasado, al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de remitir copia debidamente certificada, completa y legible en versión pública de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de dicha Unidad”, señala la resolución que se publica este martes en las listas del Consejo de la Judicatura Federal.

En el fallo, Gutiérrez de Velasco señaló que para dictar si le otorga la suspensión definitiva al presidente de a cooperativa Cruz azul, resulta necesario que cuente con los documentos necesarios que permitan determinar el origen de la orden de bloqueo de las cuentas del quejoso, en virtud de lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 87/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“A consideración de esta Segunda Sala, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

“Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano”.

Congelamiento de cuentas, tras movimiento inusuales: UIF 

A principio de junio, Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, tramitó una demanda de contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte  UIF, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que una semana previa fueron bloqueados sus recursos financieros, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.

En su momento, la UIF detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero, aunque, aclaró, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul, estaban libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.

Según las investigaciones, el delito involucra el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de este año.

Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer supuestos fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.

Fuente: La Jornada