Catedráticos, expertos y representantes de la marina mercante alertaron del retroceso real que implicaría legalizar el traslado de la administración de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina. En un foro convocado por la Cámara de Diputados, señalaron que se regresaría a un esquema militar superado desde 1976 en el sexenio de Luis Echeverría.

En contraste, el comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Semar, José Luis Arellano Ruiz, defendió la iniciativa de Morena –que se aprobaría la próxima semana en el pleno–, al señalar que los almirantes en retiro que se encargan de las Administraciones Portuarias Integrales (API) encontraron trasiego de combustible, evasión fiscal y falta de transparencia, entre otras irregularidades.

Hay que poner orden y control. No es tanta la afectación, respondió a las críticas al proyecto.

Durante el encuentro virtual, que se extendió cuatro horas, sólo Arellano Ruiz y Javier Oliva, catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina, defendieron el proyecto.

Oliva dijo que se volvería al origen, a lo que ya era responsabilidad de la Armada con Echeverría; por tanto, es adecuar las necesidades geopolíticas de seguridad y comercio.

A partir de la iniciativa de Morena, el proyecto defiende que no hay militarización de los puertos, porque la Marina es el área administrativa de la dependencia y la Armada la fuerza castrense.

Ante ese argumento, pilotos mercantes y catedráticos señalaron que, en ese caso, los mandos de la Marina tendrían que ser civiles, no militares.

El capitán Alfredo Antonio Rodríguez Frits, secretario del trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, sostuvo que el intento de la iniciativa es legalizar el nombramiento de marinos en retiro en las API. Se desconoce la historia mexicana, ya que intentan otorgar facultades administrativas a las autoridades militares. Para cometer esta violación se alega que la Marina es administrativa, acto que es incoherente, jurídica y moralmente, porque todos los cargos de esa institución están ocupados por efectivos militares de alta jerarquía. Es irónico que el mismo partido que votó contra la iniciativa de 2016 de militarizarlos, ahora pide lo contrario.

Fuente: la jornada