La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que con la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes no se violan los derechos ni se engaña a nadie, tan sólo se busca que el pueblo, la principal víctima del saqueo a los recursos del Estado en sexenios anteriores, exprese su legítima opinión sobre este tema.

En referencia al proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, en el que considera inconstitucional la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, afirmó que la petición del Presidente tiene su base legal en el artículo 35 constitucional y que el rechazo a la consulta se pretende justificar en lo estipulado en el numeral 3 del inciso VIII de dicho artículo, el cual señala que no podrá ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos.

“Sin embargo, consideramos que el planteamiento de la pregunta no implica vulneración alguna de los derechos de los expresidentes, dado que, en ningún momento, se ha pretendido que la consulta popular sustituya el debido proceso. Incluso en el propio planteamiento se señala la investigación sería “con apego a las leyes y procedimientos aplicables”, explicó.

Sostuvo que los expresidentes han sido los mayores beneficiarios del pacto de corrupción e impunidad al deslindarse de toda responsabilidad sobre lo que sus funcionarios y antecesores realizaron durante las administraciones, “además, destaca que, durante sus respectivos mandatos, el pueblo no contaba con cauce legal alguno para expresar su desaprobación y descontento. Por ello, la consulta popular propuesta no debe ceñirse a criterios estrechos y coyunturales, sino que debe verse como un ejercicio de memoria colectiva y de reparación simbólica del daño, la reparación material sólo derivará de un proceso judicial”, refirió.

En este sentido, manifestó que no se debe minimizar la histórica organización y movilización nacional que se observó en los últimos días con el único propósito de juntar las firmas ciudadanas para llevar a cabo la consulta.

“La pregunta de si la gente está de acuerdo o no con el enjuiciamiento a expresidentes no es capricho presidencial. El hecho es que estamos conscientes de que la mera investigación, y probable sanción, sin el respaldo de la gente podría leerse como revanchismo político e incluso la oposición podría exacerbar aún más una ruptura en el país. Por ello, desde el gobierno de la Cuarta Transformación se ha apostado por el respaldo popular de cada decisión: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es claro que necesitamos avanzar hacia la reconciliación del país, pero con justicia”, concluyó.

Fuente: 24 horas