La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su “extrañeza y amplia preocupación” ante la iniciativa de reforma pensionaria que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el viernes a la Cámara de Diputados, pues consideró que se aleja de lo pactado con la iniciativa privada.

Aunque celebró que el proyecto mantenga la reducción de las semanas de cotización y el aumento en la tasa de aportaciones —que será absorbido por los empleadores—, el organismo del sector empresarial planteó su desacuerdo ante la inclusión de un apartado que plantea un control de precios en las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro (Afores). 

“La reforma pensionaria propuesta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el presidente López Obrador, se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, líder nacional de Coparmex.

La confederación patronal criticó que el Ejecutivo federal haya propuesto que las comisiones que cobran las afore estén sujetas a un monto máximo al promediar aritméticamente las comisiones aplicables en Estados Unidos, Colombia y Chile, las cuales en forma conjunta promedian 0.54 por ciento.

“Dicha medida pondría en riesgo la viabilidad de las afore, que representan el segundo participante más importante del sector financiero mexicano”, dijo.

Dijo estar de acuerdo en que las comisiones bajen, pero recordó que la propuesta consensuada con la iniciativa privada ya incluía un compromiso de reducción gradual en las mismas.

El cambio propuesto por el gobierno federal genera incertidumbre jurídica, al establecer un tope máximo, consideró.

“Históricamente, el control de precios distorsiona la libre competencia, perjudicando directamente a los consumidores, que en este caso son los trabajadores de México”, mencionó.

Coparmex exhortó al Congreso de la Unión a tener una discusión técnica, y no política, para que no se vulnere la Constitución, ni el  sistema de libre competencia, pues podría generar barreras o provocar vacíos legales. 

Fuente: la jornada