Para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas como la Consulta Popular, es necesario reducir los porcentajes necesarios en los requisitos para realizar ese procedimiento, afirmó Ricardo Monreal.

La propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta propone disminuir el porcentaje, que actualmente es del dos por ciento de la lista nominal de electores, dejándolo en el uno por ciento del total de inscritos en dicha lista.

Asimismo, plantea que el porcentaje necesario para que el resultado de la Consulta sea vinculatorio los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes, que actualmente es del 40 por ciento, ahora sea del 30 por ciento.

De la misma manera, establece que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional se realicen una vez cada año y solamente respecto de una petición de consulta.

El legislador indicó que uno de los mecanismos de participación ciudadana que durante los últimos años ha cobrado gran importancia en nuestro país es la consulta popular.

Detalló que este ejercicio permite ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que la voluntad de las mexicanas y los mexicanos, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

Señaló que la consulta popular no solo se encuentra reconocida y contemplada en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sino también en nuestra Constitución Federal, al igual que su procedimiento para llevarse a cabo.

Aseguró que, a pesar de la existencia de este mecanismo, factores como la pérdida de la confianza institucional y el desinterés, han generado que la ciudadanía se involucre menos en la toma de decisiones públicas.

Monreal Ávila consideró necesario dinamizar el uso del mecanismo, precisamente atendiendo a la apatía histórica que ha diluido la influencia de las y los ciudadanos en las decisiones públicas.