La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó que en su interior se cometan abusos laborales en contra de su personal e indicó que desde el inicio de la administración de Rosario Piedra Ibarra, se lleva a cabo “un esfuerzo de reestructura del presupuesto bajo el criterio de máxima austeridad”, por lo cual se ha dado de baja a empleados “no comprometidos con el servicio público”. 

En un comunicado, el organismo señaló que la mencionada estrategia busca optimizar los recursos humanos y materiales existentes; ajustar los salarios de los altos mandos para cumplir la Ley de Austeridad Republicana; eliminar “gastos innecesarios y privilegios en áreas no sustantivas,” y priorizar y fortalecer la atención a las víctimas, reorientando los ahorros en el presupuesto a esta tarea. 

“Este esfuerzo ha implicado ajustes en el personal, así como en los procesos y formas de trabajo, y pese a ello se ha privilegiado el absoluto respeto a los derechos humanos y laborales de todas y todos los trabajadores; se inició una renivelación de los salarios para reconocer el trabajo y el compromiso con las víctimas. Además, para combatir y castigar el acoso laboral se creó un Comité especializado en este tema, por lo que ahora se trabaja en armonía y orden, sin crisis ni abuso solapado”, señaló la Comisión. 

La entidad pública indicó que “este esfuerzo ha implicado también, identificar y dar de baja a quienes no están comprometidos con el servicio público y la transformación de la Comisión, por ello, algunos elementos, incluidos algunos designados en la presente administración, han sido cesados. Esta acción ha sido utilizada de manera equívoca, los funcionarios cesados han desinformado o malversado la verdad de la vida institucional de la CNDH, poniéndola en riesgo. Y esta ha sido una constante desde el mes de junio”.

El organismo autónomo aseguró que “ha sido muy respetuoso de sus derechos y discreto cuando ha detectado irresponsabilidad o desviaciones en el desempeño del cargo de alguna o algún funcionario; sin embargo, estos han aprovechando dicha discreción, con total falta de ética, para justificarse y encubrir sus omisiones y fallas con acusaciones temerarias. Hablamos de cuatro casos concretos, los de quienes, sin dudar en dañar a este organismo autónomo, han emitido declaraciones sin sustento a los medios de comunicación”. 

De acuerdo con la CNDH, “ausencia total de principios, desviaciones en sus funciones con afectación a los recursos del pueblo, incumplimiento de su compromiso como servidores públicos, desatención de las quejas y deficiente emisión de recomendaciones, entre otras causales, todo esto reflejado en datos duros, han sido encubiertos con señalamientos de que ‘injustificadamente’ se les cesó, cuando ha sido precisamente lo contrario”. 

Por estos motivos, dijo, la Comisión “expone abiertamente esta situación. Algunos de los cesados, incluso, enfrentan denuncias penales y ante el Órgano Interno de Control, que en su momento se dilucidarán, pero es indispensable aclararlo. El esfuerzo de transformación que impulsa la CNDH no debe verse opacado por eventos que no tienen relación con su razón principal de actuar: las víctimas”. 

En este marco, la institución afirmó que en su interior “prima el respeto irrestricto a los derechos humanos, se procura el mejor ambiente laboral y es menester aclarar que quienes han salido de ella ha sido por razones que tienen que ver con el incumplimiento de sus funciones, la falta de ética en el desempeño de las mismas y algo peor, la traición al pueblo al que se deben y espera de nosotros trabajo y compromiso”. 

Cómo se informó en este diario, a finales de agosto la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra le pidió su renuncia a los entonces titulares de las primera y sexta visitadurías, José Martínez Cruz y Edgard Sánchez, respectivamente, a quienes incluso acusó a través de un video de haber “traicionado” el encargo que les había encomendado. 

Martínez señaló a través de una carta que su renuncia al cargo había estado motivada por desavenencias con el secretario ejecutivo del organismo autónomo, Francisco Estrada Correa, a quien señaló como un personaje que se ha “extralimitado” en sus funciones, cuando es la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra quien debería tomar todas las decisiones trascendentales. 

Unas semanas antes, la CNDH anunció que había interpuesto una demanda penal contra su ex directora de comunicación social, Alejandra Ezeta, sin especificar cuáles eran las faltas supuestamente cometidas por la funcionaria.  

Ezeta, por su parte, denunció a la Comisión por presuntos actos de hostigamiento y abuso laboral cometidos por Estrada Correa.

Fuente: la jornada