Las políticas públicas del Gobierno de México en materia de energía no contravienen ni el espíritu ni la letra del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que los grupos parlamentarios de Morena, PES, PT, y PVEM expresaron las razones por las cuales se considera que se está respetando el T-MEC, y manifestaron su solidaridad con el presidente de la República en la protección de la soberanía energética nacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la misiva, en la que los legisladores señalan, con base en sus facultades, que las políticas públicas en materia de energía del actual Gobierno de México no contravienen ningún aspecto del T-MEC.

Señalan como erróneas las declaraciones que hicieron legisladores estadounidenses en un escrito dirigido a su presidente, Donald Trump, al decir, por un lado, que la política energética de México violenta el tratado al dar una preferencia regulatoria a PEMEX y la CFE, al cancelar o atrasar permisos para compañías energéticas de la Unión Americana.

También califican como errónea la aseveración acerca de la “incertidumbre de las iniciativas que pudieran contravenir la reforma energética de 2014, que formó parte del llamado ‘Pacto por México’”.

Respecto al primer punto, el capítulo 22 del T-MEC, en su artículo 2.5 establece que los gobiernos firmantes podrán establecer o mantener empresas del Estado o empresas propiedad del Estado, señalan.

La mayoría legislativa indica que no se están previendo los permisos ni las concesiones en materia de generación eléctrica, como afirman las y los parlamentarios estadounidenses, si no que el Estado Mexicano se encuentra reordenando esta participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte la suficiencia y seguridad de despacho.

Se debe destacar que el crecimiento equitativo para América del Norte, plasmado en el T-MEC, como un objetivo común para los tres países, se debe dar a partir de la igualdad de condiciones de competencia y no del detrimento de algunas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre 2014 y 2018, a raíz de las llamadas reformas estructurales.

Sobre el segundo punto, se refieren al capítulo 8 del T-MEC, que en su artículo 2, inciso a), señala que México se reserva su derecho soberano a reformar su Constitución y su legislación.

En este sentido, mencionan que el Tratado reconoce la prerrogativa que las y los legisladores mexicanos tienen para presentar iniciativas que reformen la Carta Magna.

Añaden que no obstante, y aunque actualmente no existen proyectos de reforma en materia energética que hayan sido consensuados por la mayoría parlamentaria del senado de la República, es necesario señalar que cada una de las personas que la integran tiene plena libertad, en respeto a los principios democráticos, de presentar iniciativas, derecho que no podrá ser coartado por ninguna instancia.

Sobre una amenaza a las inversiones, la carta señala que es preciso mencionar que, aunque éste no es el caso, el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y estado establecido en el T-MEC, no está en cuestionamiento por parte del Gobierno mexicano, ya que los inversionistas pueden hacer uso del mismo si consideran que existe violación en los contratos.

Resaltan que cualquier diferendo existente entre las empresas y el Estado, puede ser resuelto a través del Tratado, sin la necesidad de politizar las relaciones comerciales entre los países firmantes.

Las senadoras y senadores hacen notar que se reconocerá siempre a las inversiones extranjeras que aporten empleo y desarrollo a la nación, sin embargo, de conformidad con la política del actual gobierno, “coincidimos en la importancia de generar condiciones de verdadera igualdad de competencia que provee el manejo legal, de las empresas públicas de México”.