En un contexto inédito provocado por la pandemia, el Senado de la República refrendó su compromiso para profundizar los derechos sociales, laborales y educativos de los mexicanos, así como para atender demandas urgentes como la extinción de privilegios y el combate a la impunidad.

Los acuerdos parlamentarios y el diálogo entre poderes permitieron que, en medio de la emergencia sanitaria, transitara el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

De septiembre a diciembre de este año -con 30 sesiones plenarias, 26 de ellas ordinarias, tres a distancia y una de Congreso General- la Cámara de Senadores aprobó cuatro reformas constitucionales, cinco leyes de nueva creación, 36 reformas a diversos ordenamientos y 15 decretos de diversa índole.

Se avalaron dos instrumentos internacionales, entre ellos uno para reconocer en México la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; 339 nombramientos de diversos cargos y uno de personal diplomático. Además, se emitieron tres declaratorias de reforma constitucional.

En un documento sobre la Actividad Legislativa en este periodo, se destaca la eliminación del fuero presidencial es una de las demandas más sentidas de la sociedad que respaldó la asamblea, cuya declaratoria de aprobación se emitió el pasado 15 de diciembre.

Se trata de las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Constitución para que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado no solo por traición a la Patria, sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Senadoras y senadores avalaron cambios a la Carta Magna que fueron enviados a la colegisladora y que buscan que los legisladores puedan ser juzgados por los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

Del mismo modo aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que incluye la formación y permanencia de la carrera judicial, así como el servicio de defensoría pública a nivel federal.

En este periodo, los legisladores aceptaron las reformas a diversos ordenamientos para extinguir 109 fideicomisos, eliminar la opacidad en el uso de recursos públicos y reasignarlos para atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía.

Aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación que estima percepciones por más seis billones de pesos para el 2021, un año que estará marcado por los efectos económicos de la emergencia sanitaria; así como la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que busca disminuir la violencia generada por el narcotráfico.

El Pleno también dio su respaldo a las leyes para la Coordinación de la Educación Superior, que reitera el carácter obligatorio y gratuito de este nivel educativo; General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; y General de Bibliotecas.

Además, de los cambios a la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de los Agentes Extranjeros en el Estado Mexicano y establecer las directrices para la cooperación internacional en materia de seguridad, así como para fortalecer las facultades de la Secretaría de Marina para fungir como Autoridad Marítima Nacional. 

Con las reformas a la Ley del Banco de México, este órgano legislativo buscó establecer un procedimiento de compra de divisas para beneficiar a los migrantes y sus familias que reciben remesas en efectivo.

Durante este lapso, la Cámara de Senadores aprobó proyectos para fortalecer el poder adquisitivo del salario mínimo, garantizar a los trabajadores una pensión y vivienda dignas, así como para regular el teletrabajo.

Además, avanzó en el marco legal para garantizar la vacunación universal, el libre tránsito a las playas, servicios de guardería para hijas e hijos de padres varones, prohibir el castigo corporal, asegurar la nacionalidad mexicana a los hijos de nuestros connacionales que nazcan en el extranjero, sancionar el acoso y violación a la intimidad sexual en medios digitales, entre otros.

Así, atendiendo las medidas sanitarias emitidas para evitar los contagios del SARS CoV-2, la Cámara de Senadores cumplió con su trabajo para la transformación jurídica de nuestro país.

En este contexto, aprobó la reforma a la Ley General de Salud para establecer que cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud para el bienestar.

Entre los decretos relevantes, aprobados en este periodo, destaca el que resuelve la procedencia y trascendencia, y que expide la convocatoria para la consulta popular, que solicitó el Ejecutivo Federal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los actores políticos del pasado.