La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestó a favor de la defensa de los derechos ciudadanos y de instituciones como los órganos autónomos, al afirmar que representan un contrapeso esencial y fortalecen la democracia del país.

En ese sentido mostró su preocupación y dijo no coincidir con la intención anunciada por el titular del Poder Ejecutivo Federal de impulsar reformas para desaparecer a órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Destacó que el funcionamiento de estos órganos es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos y el equilibrio entre el Estado, la Sociedad Civil y el Mercado.                

Agregó que a nivel de compromisos internacionales, la eliminación de organismos reguladores contraviene lo estipulado en el T-MEC.

“En dicho tratado se establece que las partes se asegurarán de mantener sus respectivos órganos centrales de coordinación regulatoria”, aseguró

Los organismos autónomos lejos de ser extinguidos o asfixiados presupuestalmente deben

garantizar su permanencia, ya que contribuyen a ejercer derechos ciudadanos como el de acceso a la información, el de rendición de cuentas, la protección de datos personales y el voto libre; mientras que otros regulan con toda independencia al Poder Ejecutivo Federal e incluso la forma en que operan la Iniciativa Privada y los mercados en beneficio del consumidor y la competitividad.

Pese a las críticas y las reducciones presupuestales, los órganos autónomos han cumplido con su cometido de ser contrapesos del gobierno y garantizar el equilibrio que debe prevalecer en toda gobernanza.

Por ejemplo, el año pasado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a 11 empresas y 14 personas físicas, luego de acreditar que se coordinaron para repartirse contratos de servicios integrales de laboratorio y banco de sangre en licitaciones del IMSS y el ISSSTE entre 2008 y 2015, lo que evitó un daño patrimonial de $1,200 millones de pesos.

Fuente: El horizonte