La iniciativa preferente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso aumentará los precios de los productos y servicios, dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta“, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Es contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad“, destacó el organismo empresarial a cargo de Carlos Salazar Lomelín.

Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.

La falta de consenso para su presentación, detalló el grupo empresarial, abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis generada por la COVID-19 y “rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”.

Las afectaciones para México, alertó el CCE, son la “expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, lo que les parece un potencial poder de violar lo establecido en la Constitución mexicana.

“Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados”, aseguró.

La CCE además explicó que esta iniciativa preferente viola la no retroactividad de la ley porque “ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular”, lo que impactaría directamente las inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, en consecuencia el Estado mexicano deberá indemnizarles.

“Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública”, pues se modificaría unilateralmente los derechos de los particulares a cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Incluso se contrapone con lo dictado por el poder judicial federal, pues “retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019”, mismas que se suspendieron definitivamente al considerarla violatorias de derechos constitucionales.

Fuente: Sinembargo