Durante el Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, expertos, investigadores y representantes del sector privado manifestaron sus opiniones respecto de la propuesta enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.

En el bloque uno de la mesa temática “Energía eléctrica”, moderada por la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (Morena), los participantes también plantearon sus propuestas para fortalecer el sector.

Ponentes del Parlamento Abierto

Héctor Sánchez López, consejero independiente ante el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que la iniciativa de reforma está dirigida a mejorar las cuestiones operativas y técnicas relacionadas con la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Las actividades de la industria eléctrica deben realizarse en condiciones competitivas, siempre y cuando sean técnicamente posibles y factibles. 

Estimó que la aprobación de esta iniciativa generará certidumbre a los agentes económicos nacionales y extranjeros, lo que fortalecerá la competencia y la libre concurrencia. Además, consideró que la CFE no debe dejar de lado su responsabilidad en el desarrollo sustentable del país.

Roger González, presidente de la Comisión Energía del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el sector privado considera que no hacen falta cambios regulatorios de la magnitud que se proponen; es vital que se respeten los contratos adquiridos.

Refirió que, según expertos, la iniciativa infringe el marco legal existente y constitucional. Enfatizó que las inversiones que se han realizado están protegidas por tratados internacionales que México se ha comprometido a cumplir. “Necesitamos y creemos en un sistema eléctrico fuerte, con precios competitivos, pero que también cuide nuestra salud con la generación limpia”. 

Guillermo García Alcocer, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor en el ITAM, indicó que modificar el despacho eléctrico para permitir a la CFE utilizar todas las plantas sin considerar el costo de producción, acompañado de la obligación de no incrementar las tarifas más allá de la inflación, tiene efectos importantes y uno de ellos es “que vamos a sustituir plantas de bajo costo que van a quedarse apagadas por plantas de alto costo y más contaminantes”.  

“El país requiere de todo el esfuerzo de la inversión pública para crecer, la cual debe ser complementada, en buena medida, por la iniciativa privada; cambiar las reglas del despacho eléctrico inhibe futuras inversiones en plantas eléctricas, lo que nos llevaría a escenarios de falta de inversión en otros sectores al no tener el insumo básico o, incluso, escenarios de racionamiento en la electricidad a los usuarios finales”, dijo. 

Humberto Ríos Bolívar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y editor de la Revista de investigación acreditada por CONACYT “Panorama Económico”, mencionó que la iniciativa que propone el Gobierno Federal busca fortalecer el suministro de energía. 

Subrayó que al fortalecer a la CFE tendrá como consecuencias el apoyo al crecimiento y al desarrollo económico que tanto necesita México. En el plano presupuestal y financiero sería fortalecer a la CFE, con esto a la propia hacienda pública al revisar los contratos lesivos a la CFE y que de alguna manera fortalecen a la iniciativa privada. 

Por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Ernesto García Monroy resaltó que el impacto presupuestario de la iniciativa, es positivo para las finanzas públicas de la Comisión Federal de Electricidad, el cual derivaría de la mayor generación que estará haciendo CFE y de la mayor compra o entrega de energía.

Manifestó que no se cuenta con información del término de los contratos, por lo que la magnitud de la afectación que derivaría de la iniciativa, “no es posible de estimar” y llamó a considerar las externalidades por la renegociación o terminación anticipada de los contratos. Además, destacó que con la capacidad instalada de CFE se podría cubrir la demanda nacional, si se logra utilizar toda, pues actualmente sólo usa 51 por ciento. 

Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, señaló que el tema es de seguridad nacional, por lo que llamó a promover una política energética en tres objetivos: confiabilidad, costo y sostenibilidad.

Mencionó que no sólo se trata de costos, sino tiene que ver con un mercado que no tiene competencia perfecta, ya que tiene oligopolios y pocas empresas. Se necesita, dijo, un sistema eléctrico flexible y adaptable, así como fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de tener un sistema que contribuya al desarrollo.

El presidente de Cluster Energía de Nuevo León, César Cadena Cadena, resaltó que el costo económico total de estas medidas es una nacionalización de la industria eléctrica con un costo alto para el país, ya que se favorece a CFE y se reconstituye el monopolio público eléctrico.

Refirió que, de acuerdo a un estudio de la OCDE, el 30 por ciento del gasto familiar ocurre en mercados donde la competencia es débil y los precios son 40 por ciento más altos de los que podrían ser si los mercados fueran competitivos, siendo las más afectadas las familias pobres que gastan el 42 por ciento de sus ingresos. Llamó a no aceptar la iniciativa y aplicar la ley vigente.

David Miranda Pérez, extrabajador de Luz y Fuerza del Centro y exrepresentante sindical en el SME, expuso que a lo largo de 30 años de gobiernos neoliberales ha persistido el mito de un abaratamiento de las tarifas y el mejoramiento de los servicios, cuando la realidad “la vivimos las y los mexicanos que vemos engrosados los recibos de la luz”.

Conforme a diversos datos, entre 2009 y 2018, las tarifas eléctricas tuvieron un incremento de hasta 300 por ciento, particularmente las domesticas y de alto consumo. “Es un tema de seguridad nacional; las privatizaciones no le han traído al país ningún beneficio; la iniciativa del Ejecutivo plantea un orden en el despacho de la energía”. 

Preguntas y respuestas

El grupo parlamentario del PRI planteó: al dar atribuciones a la CFE para no comprar de manera eficiente la energía y eliminar lo que se conoce como del despacho económico ¿en cuánto se encarecerán las tarifas de los usuarios finales? ¿qué riesgos se tienen de que las compras que se hagan sean de energías contaminantes? Y ¿qué afectaciones se tendrán en materia de inversión al limitarse la generación privada nueva?

La iniciativa preferente establece que la entrega de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la fecha de entrega en operación de las centrales eléctricas, desvirtuando el diseño de los mismos como instrumentos para ceder la transformación energética, por lo que es importante saber ¿qué criterios serán utilizados para la entrega de certificados? 

El Presidente asegura que con la aprobación de esta reforma el costo de la generación de energía será menor ¿qué datos se utilizaron para hacer esta afirmación?

El grupo parlamentario de Morena preguntó si ¿los costos variables deben prevalecer sobre los costos unitarios totales? ¿se sabe cómo la regulación en Alemania, Dinamarca, Uruguay y Chile, impactaba las tarifas a los usuarios residentes?

En respuesta Ernesto García Monroy del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mencionó que el incremento en el costo del combustóleo para generar electricidad es difícil de cuantificar porque no se sabe en qué medida se va a utilizar más combustóleo o carbón.

Respecto a que bajarían los precios, señaló que es por la utilización de la energía hidroeléctrica para generar electricidad. “si se incrementa su uso en gran medida podemos tener una reducción en los costos de generación”.

Roger González, presidente de la Comisión de Energía en CCE, mencionó que el costo de la energía eléctrica en un estimado preliminar que se tiene es que será de dos dígitos en temas porcentuales “nos va a tomar todavía unos días más correr modelos de cómo se vería en despacho con los cambios que propone esta ley”.

Guillermo García Alcocer mencionó que el modelo que se utiliza en los proyectos de despacho consiste en comparar costos marginales. El costo marginal implica en conocer cuánto cuesta en producir una unidad adicional de electricidad. De hecho, el mercado se margina a una planta, va a haber una planta marginal cuyo costo va a determinar la posibilidad de tener la energía más competitiva.

Apuntó que desafortunadamente no tiene la información sobre qué paso en Alemania, Dinamarca y Uruguay. “El detalle de qué efectos tienen las tarifas me gustaría conocerlo”.