Francisco Garfias

La recomendación de la Cofece a los diputados de no aprobar la Ley Bartlett sobre energía eléctrica —por el impacto negativo sobre la competencia y los precios de la luz— trajo a mi mente la analogía del “jugo verde” (energías limpias) y los “refrescos de cola azucarados” (CFE).

Se la escuché a un empresario dedicado a la generación de energías limpias que, por razones obvias, solicitó el anonimato. Pretendía ilustrar con ella el retroceso que esa iniciativa eléctrica representa para la política energética del país.

Nos dijo:

“Supongamos que una empresa invierte 100 millones de pesos en una nueva planta de jugos verdes que ayudan al sano crecimiento y a la salud en general, con la ventaja de que son cuatro veces más baratos de producir que los refrescos de cola azucarados. Pero, además, están en auge a nivel mundial.

“En el otro extremo tenemos al director nacional de la empresa de refrescos de cola azucarados, enojado porque quiere producir más, sin importar que sean caros y peligrosos para la salud del pueblo. Su meta es que todos los mexicanos consuman refresco caro y malo, pero nacional”.

Para cumplir con sus propósitos, añadió, el director de la fábrica de refrescos azucarados logró que el gobierno lo respaldara en su propósito de decir cuándo, dónde y en qué cantidad se pueden producir los jugos verdes.

“El proyecto de retorno financiero de aquella compañía que invirtió los 100 millones ya no tendrá certeza alguna de recuperar su inversión”, destacó.

Además, hizo notar que la distribución de los jugos verdes será exclusiva de la empresa nacional de refrescos de cola.

El empresario calificó de “falaces” los argumentos utilizados por la empresa refresquera para culpar a los jugos verdes de la caída de distribución de todas las bebidas.

La narración es más extensa. No hay espacio para replicarla, pero sí para su remate:

“Aprobar esa ley encarecerá el costo de producción de todas las bebidas en México y si esto no se refleja de inmediato en un aumento de precios, la Secretaría de Hacienda tendrá que pagar la diferencia con recursos de todos los mexicanos.

* El grupo parlamentario del Verde nomás no digiere el “robo” de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, quien ayer hizo oficial su cambio “voluntario” a la bancada de Morena.

Los hijos del exniño verde sacaron un comunicado en el que califican de “inaceptable” que Morena pida con una mano el apoyo del PVEM en la aprobación de reformar, mientras que, con la otra, los golpea “robándoles” senadoras.

El PVEM habla incluso de “gandallismo” de Morena, y advierte que el tema pone al borde del rompimiento la alianza que las dos bancadas tienen en el Senado.

Raúl Bolaños Cacho, integrante de esa bancada, nos dijo, sin embargo, que el brinco de la senadora no amenaza la alianza legislativa con los guindas. “No es para tanto. Yo diría que hay tensa calma”, manifestó.

Bolaños nos hizo notar, eso sí, que la senadora se pasó a Morena en los momentos en que ese grupo ya no necesita del Verde para las votaciones de mayoría calificada. No hay reformas constitucionales a la vista.

* La consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, sacó la semana pasada un reporte sobre la violencia política en México.

Contabilizó 88 incidentes de este tipo y 88 muertos, entre septiembre del 2020 y enero de 2021.

“En la mayoría de los casos se estima que los perpetradores fueron integrantes de grupos criminales”, dice el reporte.

Veracruz aparecía en tercer lugar de la macabra lista (con cinco muertos y tres heridos), detrás de Oaxaca (nueve muertos y un herido) y Guanajuato (siete muertos y dos heridos).

A esa cuenta habrá que agregar ahora el asesinato de la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, excandidata a diputada local por el mismo partido, ocurrido en ese municipio.

Esta nueva ejecución coloca a Veracruz en segundo lugar de la lista, si no es que en primero. Ya tiene más muertos y heridos que Guanajuato.

“La violencia que existe en el estado de Veracruz ha llegado a límites insostenibles. Cada semana nos enteramos de asesinatos a políticos a lo largo y ancho del estado mientras las autoridades se encuentran rebasadas”, expuso la diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas.

Recordó que el 11 de febrero asesinaron al morenista Gilberto Ortiz Parra, aspirante a la alcaldía Úrsulo Galván: el 3 de febrero, a la fiscal Marisela Rojas; murieron también la diputada local Florencia Martínez, Morena, y al regidor de Acayucan, en plena luz del día.

Publicado en Excelsior