La Cámara de Diputados interpondrá una controversia constitucional contra el acuerdo del Congreso de Tamaulipas, que se aprobó el 3 de marzo y con el cual esa legislatura busca asumir la atribución exclusiva de los legisladores federales en materia del juicio de desafuero que sigue la Sección Instructora en San Lázaro contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. 

El proyecto y el acuerdo para presentar la controversia será votado en la sesión del miércoles, anunció en entrevista el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco. 

La controversia será interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suspenda la aplicación del acuerdo de la legislatura tamaulipeca, “se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo acuerdo. 

En el proyecto, a nombre de la cámara, la legisladora plantea que en los juicios de procedencia contra gobernadores, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”. 

Además resalta que las reglas del “procedimiento de homologación” a impugnar “buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. 

La solicitud a los ministros de la Corte será para que “el Congreso del estado de Tamaulipas, deba abstenerse de aplicar el respectivo acuerdo toda vez que la Cámara de Diputados, es la única encargada para conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba en contra de diversos servidores públicos, al declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.

Fuente: la Jornada