El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el consenso de 452 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar atención psicológica a las personas privadas de su libertad. 

El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, precisa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; para tal efecto, los centros penitenciarios deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos correspondientes. 

Dentro de la atención médica se deberá considerar los servicios de psicológica o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado del Centro o, en su defecto, por personal externo a los centros penitenciarios que dependan del Sistema Nacional de Salud. 

La autoridad penitenciaria diseñará y establecerá los protocolos correspondientes para garantizar las condiciones en las que se ha de llevar a cabo la intervención psicológica permanente.

Garantizar atención psicológica 

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) señaló que la reforma busca abonar a la construcción de una sociedad libre y democrática, mediante el otorgamiento de mejores oportunidades a quienes por diversas circunstancias han incurrido en la comisión de diversos delitos y se encuentran privados de su libertad.

Mencionó que los efectos psicológicos negativos que produce la privación de la libertad, se pueden manifestar por el deterioro progresivo de la imagen del mundo exterior, esto debido a la vida monótona y minuciosamente regulada; la acentuación de la ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida y la dependencia.

Por ello, afirmó, se busca garantizar la atención psicológica de toda persona que cumpla una pena privativa de la libertad en los centros penitenciarios y que deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar servicios y tratamientos psicológicos.

Precisó que la intención es reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que los Centros Penitenciarios deben contar con las instalaciones adecuadas para prestar todos los servicios a los que tienen derecho las personas privadas de su libertad en condiciones de dignidad.

También, reafirmar que los tratamientos psicológicos habrán de realizarse de manera permanente y que los mismos centros establecerán los protocolos en los que se deberán llevar a cabo para cumplir con esta intención y salvaguardar así este derecho humano.

“Con esta reforma, se pretende garantizar de manera amplia todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los principios que rigen al Sistema de Justicia Penal, y al fin último: el de la reinserción social, que tiene que ser efectiva 

para evitar que en una conducta ilícita no tenga nuevamente la necesidad o la voluntad de delinquir”, añadió.

Reinserción social integral y progresiva

La promovente de la reforma, diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) señaló que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir; el objetivo central de la política de seguridad debe ser evitar y reducir la violencia y delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social.

Hizo votos por una reinserción social integral y progresiva, que garantice una reducción de las tasas de reincidencia delictiva y permita a las personas privadas de su libertad desarrollarse en un ambiente de bienestar. Por ello, dijo, es vital incorporar la intervención psicológica permanente para toda persona privada de la libertad y con ello avanzar hacia la pacificación de México.