Por ABEL LUNA ESPINOSA

NUEVAMENTE VEMOS QUE se perfila otro encontronazo entre Diego Fernández de Ceballos y Andrés Manuel López Obrador. El pretexto más reciente es que el Titular del Ejecutivo señaló al panista de haberse enriquecido a costa de manejos poco claros en la llamada época del neoliberalismo, y “tengo los documentos”

“Ave de tempestades”, como han llegado a calificar al abogado que tuvo entre sus mentores a los fundadores del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, se ha caracterizado por su gran afición a la polémica, a la retórica y al manejo ($$) de cuentas y clientes que han dejado en su peculio personal muy cuantiosos dividendos, entreverando sus actividades profesionales como abogado con sus relaciones políticas y personales.

Muchas veces agresivo y prepotente con la prensa, con sus oponentes políticos, ha sabido atraer los reflectores y micrófonos en momentos muy candentes de la historia reciente del país. Entre ellos habérsele mencionado como el “cerebro”, junto con Fauzi Hamdan, del entramado que dio lugar al llamado rescate bancario, a través del FOABPROA.

Es el mismo Diego que estuvo cerca del desafuero en contra del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que después sería obstruido por el entonces presidente del país, Vicente Fox Quezada.

Es el mismo Diego a quien un grupo sedicioso lo secuestró en 2010 y por el que fueron pagados, hasta donde pudo saberse, 30 millones de pesos.

Momento en el que, por cierto, sus plagiarios lo retrataron con estas palabras: “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”

Es el mismo Diego al que en algún momento se llegaron a calcular 300 millones de dólares en su fortuna personal y poseer más de 40 ranchos en Querétaro.

El mismo personaje que ahora vuelve a enfrentarse con el oriundo de Macuspana, Tabasco, amenazándolo con ir a los tribunales para denunciarlo por difamación, porque siempre ha declarado, una y otra vez, que sus recursos no son mal habidos; y a pesar de haberle señalado Porfirio Muñoz Ledo de formar parte del grupo de abogados defensores de narcotraficantes.

En el escenario próximo veremos si las afirmaciones de uno y otro llegan a los senderos legales o todo queda en expresiones para el divertimento popular, nada más.

LOS FEMINICIDIOS EN el país, lamentablemente, parecen imparables, y sin duda muestran la complicidad entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, empezando por los municipales.

En las páginas informativas prácticamente no hay día en que no den cuenta de estos delitos, pero rara vez llegan hasta las últimas consecuencias en sus pesquisas, no indagan más allá de la nota en corto y todas las secuelas emocionales en las familias que son orilladas a este tipo de situaciones.

En este caso la diputada federal Laura Isabel Hernández Pichardo, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a los Congresos en los estados, para la regulación, fortalecimiento y armonización de sus legislaciones en materia de protección a víctimas indirectas del feminicidio.

A través de un Punto de Acuerdo, también pidió que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) hagan públicos los avances del protocolo nacional de ayuda hacia los menores de edad afectados por estas circunstancias.

“Es urgente que las instituciones del Estado garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos contra mujeres; conocer el progreso del protocolo de atención integral a los huérfanos del feminicidio; e invitar a los Congresos locales a que adopten dicho protocolo e implementen medidas legislativas para salvaguardar los derechos de los menores en situación de orfandad”, reclamó.

La legisladora del Estado de México, pidió no olvidar que muchas mujeres madres de familia son el único sustento económico de su hogar, esenciales para continuar el desarrollo de sus hijos en los distintos ámbitos, como educativo, social y familiar.

Por ello, alertó, es preocupante que en 18 entidades federativas las leyes locales no prevean la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.

Asimismo, lamentó que no exista un censo que revele el número exacto de menores sin padres como resultado colateral de la violencia contra las mujeres; en 2019, Inmujeres reportó que en 26 estados inscribió a 796 huérfanos por el delito de feminicidio y en 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres mil 723 asesinatos de mujeres, pero reconoció que sólo 969 fueron investigados como feminicidios, a pesar de que la estadística indica al

menos 10 muertes de mujeres por día, lo que representa decenas de familias destruidas.

Hernández Pichardo evidenció que México sólo ha enfrentado a la violencia de género en 2019, 2020 y 2021 con el “Ya chole” del Ejecutivo Federal, y la disminución o desaparición de programas de protección para la seguridad de las mujeres, aunado a ello, una pandemia que vulneró aún más a las féminas que sufren violencia o bien la enfermedad por Covid-19, que terminó con la vida de muchas madres jefas de familia.

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