Las y los legisladores no deben ser evaluados por la cantidad de iniciativas que presentan, sino por la calidad de éstas y por el impacto que generan en la población, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.  

Durante la inauguración del “Primer Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo”, refirió que en los últimos años se ha formado la creencia de que la modificación o implementación de una nueva ley puede resolver de manera exitosa determinada problemática. 

Sin embargo, señaló que dicha creencia ha dado como resultado que los parlamentos hayan sido los receptores de una cantidad creciente de proyectos de iniciativas y decretos, que determinaron la denominada “inflación legislativa”. 

“Cuantas son las leyes que efectivamente se cumplen, cuántas se quedan en letra muerta por ser inviables desde un punto de vista administrativo, presupuestarios, social o administrativo”, expresó. 

Por ello, mencionó que, a nivel parlamentario, la evaluación y análisis del impacto legislativo tiene como propósito contar con instrumentos técnicos y una metodología específica que permitan evaluar la viabilidad de las propuestas. 

Sánchez Cordero afirmó que la evaluación resulta de gran utilidad para determinar las ventajas y los beneficios de la intervención normativa para la resolución de los problemas que afectan a la población. 

Además, dijo, se mejoraría las nuevas regulaciones, la optimización de costos de implementación y el rediseño de las normas existentes, para hacerlas más eficientes, eficaces y sustentables. 

Por ello, puntualizó, estos diálogos, sin duda, deben llevar a todas y todos los legisladores a la reflexión sobre las fortalezas y áreas de oportunidad respecto a la evaluación, medición del impacto que tiene el ejercicio legislativo. “Calidad, no cantidad, ese sería el gran tema de este congreso internacional”. 

El senador Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, organizador del congreso internacional, dijo que es fundamental analizar las buenas prácticas que han hecho otros países en esta materia, a efecto de que en México se puedan crear herramientas que permitan evaluar el impacto de las leyes. 

La evaluación, señaló, no debe estar enfocada en el número o cantidad, sino en el impacto que generan, por ello, desde el Senado se inician estos espacios de diálogo, que permitirán consolidar un instrumento para que las y los ciudadanos “puedan estar contentos con los productos que desarrollan sus legisladores”.  

El senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que una de las legislaciones que deben analizarse con mucho detenimiento es la reforma en materia eléctrica, la cual, afirmó, “va a nutrir al país, pero es necesario enriquecerla”. 

Expresó que se puede generar una legislación de avanzada, que favorezca a la sociedad y permita regresar la soberanía energética a la Comisión Federal de Electricidad, sin pelearse con las energías limpias. 

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz Marcelo, manifestó que, sin lugar a dudas, las evaluaciones de impacto son instrumentos relevantes para nuestro país, ya que a través de ellas se hace mucho más eficiente el gasto público. 

La coordinadora general del Centro de Estudio Gilberto Bosques, Aliza Klip Moshinsky, dijo que el objetivo del foro es recoger las mejores experiencias de los países que han avanzado en el abordaje y planteamiento de modelos y soluciones para esta problemática, así como conocer de primera mano los avances y logros de los países latinoamericanos en la materia. 

En este sentido, argumentó, los modelos pueden servir de guía e inspiración para la práctica mexicana y orientar a una sistematización de las metodologías del análisis de impacto legislativo que hagan posible fortalecer la legitimidad y la seguridad jurídica de los instrumentos legislativos en México.