En medio de las críticas contra la decisión del Instituto Nacional Electoral por suspender las actividades organizativas de la revocación de mandato, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova difundió los costos que tendrá este ejercicio “porque hay quienes no saben cuales son los costos reales, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente”. De acuerdo al instituto, organizar este ejercicio como lo dispone la ley tiene un costo de 3 mil 830 millones de pesos.

Al desagregar el gasto que proyectó el INE en su proyecto de presupuesto que no aprobó la Cámara de Diputados, del total previsto, mil 212.3 millones de esos corresponden a la contratación de 32 mil 451 capacites electorales, 5 mil 450 supervisores electorales y personal técnico que realizarán las visitas a 12 millones de ciudadanos sorteados a fin de capacitar a 807 mil 450 que fungirán como funcionarios de casilla.

Según Cordova para que se cumplan las disposiciones de ley “y no hacer un remedo de ejercicio se tiene contemplado la erogación de mil 471 millones de pesos para la instalación de 161 mil 400 mesas receptoras de votación que incluye dotación de materiales electorales, tinta indeleble, crayones, entre otras cosas. Otros 573 millones de pesos se tienen catalogados como “operación de campo” para convocar y capacitar a la ciudadanía que integrarán las mesas receptoras (servicios de telefonía, materiales de capacitación, uniformes, combustible, materiales sanitarios)

El INE proyecto también 502.4 millones de pesos como “apoyos administrativos, arrendamiento, de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos y compensaciones por revocación de mandato”.

Otros gastos menores son: 27.2 millones de pesos para la campaña de difusión (foros,espots, inserciones en medios, activaciones)para convocar a los 92.4 millones de ciudadanos a participar; 31.8 millones para imprimir la lista nominal de electores, realización del conteo rápido y voto de mexicanos en el extranjero; 3.1 millones de pesos para la verificación de firmas de apoyos.

Fuente: La Jornada