En un hecho calificado como histórico, la Cámara de Diputados del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que incrementa significativamente las penas por el delito de despojo, con el objetivo de frenar su alarmante incremento en diversas modalidades en los últimos años.

La reforma, impulsada por el diputado Miguel Gutiérrez, contempla modificaciones a los artículos 308 y 308 Bis del Código Penal estatal, estableciendo penas que van desde cinco hasta 17 años de prisión, así como multas que oscilan entre tres mil y 250 mil pesos, dependiendo de la gravedad y circunstancias del delito.

El legislador explicó que estas modificaciones buscan combatir de manera más eficaz este ilícito, el cual ha afectado especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la ley ahora contempla penas más severas cuando la víctima sea un adulto mayor, una persona gestante, con discapacidad, menores de edad o personas que enfrenten condiciones de vulnerabilidad económica, emocional o de salud.

“Este es un avance crucial para proteger el patrimonio de las familias mexiquenses y evitar que quienes se aprovechan de la necesidad o fragilidad de otros queden impunes”, afirmó Gutiérrez en tribuna.

Uno de los elementos clave de la reforma es la inclusión de sanciones más severas para servidores públicos y notarios que resulten coludidos en actos de despojo. Ahora, estos actores no solo serán castigados con penas más altas, sino que además podrán ser procesados bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite garantizar una investigación más exhaustiva y un proceso más riguroso.

El caso que detonó esta reforma fue el de la señora Carlota “N”, apodada por los medios como la “abuelita sicaria”, ocurrido en Chalco de Díaz Covarrubias. Este suceso puso en evidencia la gravedad del problema y la debilidad de las sanciones previas, que eran consideradas “irrisorias” por diversas voces dentro del Congreso local. El caso motivó al diputado Gutiérrez a presentar la iniciativa el pasado 30 de abril.

“Con estas penas, el Estado de México se pone a la vanguardia legislativa para impedir los despojos”, sostuvo el legislador, al subrayar que la reforma no solo endurece castigos, sino que también refuerza la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia para los grupos más afectados.

La aprobación unánime de esta iniciativa fue celebrada como un paso firme hacia la erradicación de una práctica que, además de ser ilegal, despoja a las personas de su seguridad, dignidad y estabilidad. Con esta acción, el Congreso mexiquense envía un mensaje claro: el despojo no será tolerado y quienes lo cometan enfrentarán consecuencias ejemplares.