Un Tribunal federal abrió la puerta para investigar a fondo la omisión del Senado de la República que mantiene sin efectos una reforma constitucional ya aprobada en materia de salarios dignos, en lo que podría convertirse en un caso inédito de bloqueo institucional dentro del proceso legislativo mexicano.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor del recurso de queja promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, y ordenó que se analice de fondo el amparo interpuesto contra la falta de declaratoria de constitucionalidad por parte del Senado.

La resolución revierte el criterio inicial de un juzgado de distrito que había desechado el caso, y establece que sí existen elementos suficientes para estudiar si la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado incurrió en una omisión al no concluir el trámite legislativo de una reforma aprobada desde octubre de 2024.

Dicha reforma, avalada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por 31 congresos estatales, busca garantizar salarios dignos para trabajadores del sector público, incluyendo docentes de educación básica, policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, así como personal médico y de enfermería, estableciendo como piso salarial el promedio registrado ante el IMSS, actualmente superior a los 20 mil pesos mensuales.

El Tribunal fue claro al señalar que el caso no se refiere a impugnar la reforma constitucional en sí, sino a la falta de ejecución de un acto posterior indispensable para su entrada en vigor: la declaratoria de constitucionalidad y su publicación oficial. Bajo esta lógica, determinó que se trata de una posible omisión legislativa que debe ser analizada con mayor profundidad.

En su argumentación, los magistrados subrayaron que existe una diferencia sustancial entre cuestionar el contenido de una reforma y reclamar la falta de conclusión del procedimiento legislativo, lo que abre la posibilidad de que el Poder Judicial intervenga ante una eventual parálisis institucional.

El diputado promovente calificó la situación como “inconcebible” y denunció que se trata de una arbitrariedad sin precedentes, al señalar que una sola instancia dentro del Senado ha frenado la materialización de una reforma que ya cumplió con todos los requisitos constitucionales.

Desde hace más de un año, Vázquez Ahued ha impulsado diversas acciones políticas, legislativas y jurídicas para exigir la conclusión del proceso, incluyendo solicitudes formales al Senado, a la Presidencia de la República y recursos ante instancias como la Suprema Corte y el Instituto Nacional Electoral.

La resolución del Tribunal no sólo revive el caso, sino que coloca bajo escrutinio la actuación del Senado y podría sentar un precedente sobre los límites de las omisiones legislativas, en un contexto donde millones de trabajadores del sector público permanecen a la espera de un ajuste salarial que, en los hechos, ya fue aprobado pero sigue sin aplicarse.

Con este fallo, el Poder Judicial abre un nuevo frente que obliga a revisar si el Senado está incumpliendo una responsabilidad constitucional, mientras crece la presión para destrabar una reforma que impactaría directamente en sectores clave como la salud, la educación y la seguridad