El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la reunión sostenida en el Senado de la República con Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, permitió exponer visiones encontradas sobre la situación que enfrenta México en materia de desapariciones, seguridad y derechos humanos.

Al término del encuentro realizado en el marco de la Junta de Coordinación Política, el legislador panista calificó la reunión como positiva, al considerar que se desarrolló en un ambiente plural donde el representante de la ONU pudo escuchar tanto la postura del oficialismo como la de la oposición respecto a uno de los temas más sensibles del país: la crisis de personas desaparecidas.

Anaya señaló que durante el diálogo, representantes del bloque oficialista sostuvieron que en México no existe desaparición forzada, postura que, afirmó, ha sido reiterada por Morena en distintos espacios públicos. Frente a ello, indicó que la oposición manifestó respaldo al informe emitido por instancias especializadas de Naciones Unidas, el cual ha generado debate nacional por sus observaciones sobre la magnitud del fenómeno y la posible responsabilidad estatal por acción u omisión.

El senador sostuvo que las cifras de desapariciones en México muestran un deterioro progresivo a lo largo de los últimos sexenios. De acuerdo con los datos que expuso, durante la administración del expresidente Felipe Calderón se registraban en promedio ocho desapariciones diarias; en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra habría ascendido a 15 por día; en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se elevó a 25 casos diarios, y en la actual administración, afirmó, el promedio alcanzaría 34 personas desaparecidas cada día.

Con base en esos datos, Anaya aseguró que México enfrenta una crisis severa en la materia y consideró indispensable reconocer la dimensión del problema como condición mínima para atenderlo.

Respecto a la postura expresada por Volker Türk durante la reunión, el legislador afirmó que el alto comisionado respaldó el trabajo del comité de expertos de Naciones Unidas que elaboró el informe cuestionado por sectores del oficialismo. Según explicó, el funcionario internacional defendió el carácter técnico, independiente y especializado del documento, sin descalificar sus conclusiones.

Asimismo, señaló que Türk hizo un llamado a la apertura institucional y al diálogo frente a las observaciones internacionales, mensaje que, a juicio del senador panista, estuvo dirigido principalmente al gobierno y su mayoría legislativa. Añadió que también enfatizó la necesidad de diseñar estrategias de largo plazo para enfrentar la violencia, la impunidad y las desapariciones.

Anaya comentó además que el alto comisionado reconoció durante el encuentro que, como ocurre en otras regiones del mundo, en México existen zonas territoriales donde el crimen organizado mantiene presencia e influencia, situación que consideró particularmente grave en términos de gobernabilidad y derechos humanos.

El legislador celebró que el encuentro se llevara a cabo dentro del Senado y reconoció al presidente de la Junta de Coordinación Política por facilitar una reunión plural con representación de las distintas fuerzas políticas.

Durante la conferencia posterior, Anaya profundizó en el debate sobre la desaparición forzada, al rechazar la interpretación sostenida por Morena en el sentido de que únicamente puede configurarse dicho delito cuando existe participación directa y comprobada del Estado.

Explicó que organismos internacionales y marcos jurídicos especializados también contemplan conceptos como tolerancia, aquiescencia, encubrimiento u omisión grave de autoridades, circunstancias que pueden derivar en responsabilidad estatal. En ese contexto, aseguró que negar de manera absoluta la existencia de desaparición forzada en México resulta insostenible.

Como ejemplo, mencionó procesos judiciales recientes en contra de servidores públicos acusados de ese delito, incluyendo policías, agentes ministeriales y funcionarios de seguridad en distintas entidades del país. Señaló que tales casos evidencian que sí existen investigaciones y vinculaciones relacionadas con desaparición forzada cometida por autoridades o con su participación.

En otro tema, Ricardo Anaya se refirió a la intención de Morena de promover en el Senado un punto de acuerdo para citar a comparecer a autoridades del estado de Chihuahua, incluida la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en relación con hechos vinculados a la presencia y muerte de dos presuntos agentes estadounidenses en territorio estatal.

El senador panista cuestionó la pertinencia de esa propuesta y sostuvo que, antes de responsabilizar a un gobierno local, el oficialismo debería solicitar explicaciones al gobierno federal sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en México.

Afirmó que asuntos relacionados con política exterior, ingreso de personas extranjeras al territorio nacional, cooperación internacional en materia de seguridad y presencia de agentes extranjeros corresponden al ámbito de competencia del Ejecutivo federal, no de los gobiernos estatales.

Desde esa perspectiva, consideró incongruente que se pretenda trasladar la responsabilidad política a la administración de Chihuahua. Añadió que, si el gobierno federal conocía la presencia de dichos agentes, debe explicarlo públicamente; y si no estaba enterado, entonces se trataría de una situación aún más delicada por tratarse de un asunto de soberanía y coordinación institucional.

Anaya acusó a Morena de intentar politizar una tragedia y de buscar rédito partidista frente al contexto electoral que vive la entidad. Señaló que la gobernadora de Chihuahua cuenta con el respaldo del PAN y defendió que su administración ha actuado con transparencia al informar lo que conocía sobre el caso.

El coordinador panista también cuestionó la viabilidad jurídica de citar a comparecer a una mandataria estatal desde el Senado, al señalar que no existen precedentes claros salvo en casos extraordinarios relacionados con desaparición de poderes u otras hipótesis constitucionales específicas.

En ese sentido, dijo que si la mayoría legislativa pretende abrir una ruta para convocar gobernadores al Senado, entonces debería aplicarse un criterio general y no selectivo. Mencionó que también tendrían que revisarse situaciones en entidades gobernadas por Morena donde existen señalamientos en materia de seguridad o presuntos vínculos delictivos.

En materia electoral y de reforma judicial, Anaya se pronunció sobre la posibilidad de modificar el calendario previsto para la elección de integrantes del Poder Judicial, impulsada por el oficialismo.

Aseguró que dicho proceso representa, desde la visión del PAN, un intento de captura institucional del Poder Judicial por parte de Morena. Señaló que el mecanismo propuesto carece de condiciones reales de competencia y ha sido construido con reglas que favorecen al partido gobernante.

Pese a ello, indicó que, incluso bajo la lógica del oficialismo, resultaría más sensato no empatar esa elección con los comicios intermedios de 2027, debido al riesgo de generar complejidad operativa, saturación administrativa y posibles conflictos logísticos en el sistema electoral.

Sobre la iniciativa anunciada por el Partido Verde Ecologista de México para combatir el nepotismo, el senador expresó respaldo a cualquier reforma seria que impida que familiares de funcionarios sean beneficiados políticamente o mediante nombramientos públicos.

No obstante, sostuvo que existe contradicción entre el discurso oficial y la práctica gubernamental, al asegurar que distintas áreas de la administración pública mantienen redes familiares y nombramientos entre personas cercanas a actores políticos.

Finalmente, al retomar la reunión con el alto comisionado de la ONU, Ricardo Anaya insistió en que México requiere reconocer con honestidad la magnitud de sus crisis de derechos humanos y seguridad, especialmente en materia de desapariciones, control territorial del crimen organizado e impunidad.

El senador concluyó que negar los problemas no los resuelve y que el país necesita instituciones abiertas al escrutinio internacional, diagnósticos técnicos y políticas públicas sostenidas de largo plazo para enfrentar una de las etapas más complejas en materia de violencia y derechos humanos en décadas recientes.