En medio de la discusión pública sobre el derecho a una muerte digna en México, la activista Zamara Martínez, promotora de la denominada Ley Trasciende, reiteró su llamado al Senado de la República para avanzar en el análisis y eventual aprobación de la iniciativa que busca regular la eutanasia y la asistencia médica para morir en circunstancias específicas, principalmente para pacientes con enfermedades incurables, degenerativas o terminales.

Durante una entrevista, Zamara Martínez compartió que su postura no parte de una teoría abstracta ni de una discusión ajena, sino de su propia experiencia como paciente con múltiples enfermedades crónicas degenerativas. Señaló que, tras haber agotado diversas alternativas médicas para mejorar su condición y calidad de vida, considera indispensable que exista un marco legal que reconozca el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida cuando el sufrimiento físico y emocional se vuelve irreversible.

Explicó que su exigencia no responde a un deseo inmediato de morir, sino a la necesidad de contar con una opción legal y digna para el momento en que su estado de salud ya no le permita continuar en condiciones aceptables. Indicó que busca que, llegado ese punto, exista la posibilidad jurídica de acceder a ese derecho, sin que pacientes y familias enfrenten vacíos legales, incertidumbre médica o procesos clandestinos.

La activista sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en su caso personal, sino en miles de personas que enfrentan diariamente enfermedades avanzadas, dolor crónico, deterioro progresivo y ausencia de alternativas terapéuticas. En ese sentido, señaló que muchas familias viven procesos sumamente difíciles, marcados por sufrimiento físico, desgaste emocional y obstáculos institucionales.

Añadió que, además del padecimiento médico, numerosos pacientes deben enfrentar barreras políticas, sociales, religiosas y administrativas, lo que vuelve más complejo el acceso a información, cuidados paliativos y a una conversación abierta sobre el final de la vida. Consideró que la falta de legislación específica deja a muchas personas en condiciones de vulnerabilidad.

Respecto al proceso legislativo, Martínez criticó la lentitud con la que se ha conducido el tema en el Senado. Señaló que la Comisión de Salud mantiene rezagos importantes en el análisis de iniciativas pendientes y cuestionó la falta de dictámenes en diversos asuntos durante los últimos años. En ese contexto, expresó preocupación porque la discusión de la Ley Trasciende pudiera postergarse hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, previsto para septiembre.

Indicó que cada aplazamiento tiene consecuencias humanas concretas, ya que mientras el debate político continúa, personas enfermas y sus familias siguen esperando respuestas institucionales. Comentó que el movimiento recibe constantemente mensajes de ciudadanos que enfrentan pérdidas familiares o que se encuentran en momentos críticos sin herramientas legales claras para atender su situación.

De acuerdo con Zamara Martínez, el tema suele comprenderse plenamente hasta que se vive de manera directa en el entorno familiar o personal, cuando el dolor prolongado, la dependencia absoluta o el deterioro irreversible obligan a replantear conceptos como autonomía, dignidad y voluntad anticipada.

Sobre el contenido de la iniciativa, explicó que entre los puntos generales se contempla que únicamente puedan solicitar el procedimiento personas mayores de edad, con diagnóstico médico comprobado de enfermedad incurable, irreversible o terminal, y cuya condición implique sufrimiento severo o ausencia razonable de recuperación.

Asimismo, precisó que el proceso requeriría la valoración y validación de al menos dos médicos especialistas, con el objetivo de garantizar certeza clínica, revisión ética y cumplimiento de requisitos legales. Señaló que el texto íntegro de la propuesta ha sido difundido públicamente por los promoventes para consulta ciudadana.

Martínez lamentó que, pese a que la iniciativa fue presentada desde meses atrás, no se haya concretado un dictamen legislativo. También expresó que pacientes y activistas han debido acudir reiteradamente al Senado para visibilizar el tema, aun cuando muchos de ellos enfrentan condiciones delicadas de salud.

Afirmó que, cuando existe voluntad política, el Congreso mexicano ha demostrado capacidad para aprobar reformas en plazos muy breves, por lo que consideró que el retraso en esta materia obedece más a decisiones políticas que a imposibilidades técnicas o jurídicas.

En ese sentido, señaló que han buscado diálogo con distintas autoridades federales y legisladores, con el objetivo de presentar información técnica, jurídica y social que respalde la necesidad de la reforma. Sostuvo que la decisión final dependerá en buena medida de la disposición política para abrir el debate y votar el tema.

Uno de los puntos que destacó fue el cambio en la percepción social respecto a la eutanasia y al derecho a morir dignamente. Según expuso, cuando la campaña comenzó meses atrás, la aprobación en espacios digitales rondaba entre 60 y 70 por ciento; actualmente, afirmó, el respaldo ciudadano supera el 90 por ciento en distintos ejercicios y sondeos promovidos por el movimiento.

Para la activista, ese crecimiento refleja una sociedad más abierta a discutir temas históricamente considerados tabú, así como una mayor comprensión sobre la diferencia entre promover la muerte y garantizar decisiones libres e informadas en escenarios médicos extremos.

Consideró que, si la legislación avanza, será en gran medida por la presión social y por la participación ciudadana que exija a las instituciones abordar un tema de salud pública, derechos humanos y autonomía personal.

Como mensaje final, Zamara Martínez subrayó que la muerte es una realidad inevitable para todas las personas, por lo que consideró necesario discutir desde ahora cómo garantizar procesos dignos, acompañados y libres de sufrimiento innecesario.

Sostuvo que contar con el derecho y no utilizarlo siempre será preferible a necesitarlo y no tenerlo, frase con la que resumió la exigencia central del movimiento: abrir opciones legales para quienes, en circunstancias límite, buscan decidir sobre su propio final con dignidad.

La discusión sobre eutanasia y muerte médicamente asistida continúa siendo uno de los debates más sensibles en México y el mundo, al involucrar dimensiones éticas, médicas, jurídicas, religiosas y culturales. Mientras algunos sectores la consideran una extensión de la autonomía individual y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, otros mantienen reservas morales o plantean fortalecer exclusivamente los cuidados paliativos.

En México, diversas entidades federativas han avanzado en figuras como la voluntad anticipada, que permite rechazar tratamientos extraordinarios en determinadas circunstancias. Sin embargo, la eutanasia activa y la asistencia médica para morir siguen sin contar con una regulación federal específica, por lo que iniciativas como la Ley Trasciende buscan colocar nuevamente el tema en la agenda nacional.