Por Daniel Lee

En lo que va de este 2026, ya suman al menos 1.723 personas muertas o desaparecidas en rutas migratorias. La cifra no solo es alarmante: es la evidencia temprana de que el mundo ha decidido normalizar la tragedia. No hay eufemismo que alcance. Morir migrando se ha vuelto parte del paisaje global, como si fuera un costo asumido, una externalidad silenciosa de un sistema que necesita mano de obra pero rechaza a los cuerpos que la proveen.

El más reciente informe del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM confirma lo que ya sabíamos, pero que preferimos no mirar de frente: cerca de 7.900 personas murieron en 2025 intentando desplazarse. Desde 2014, más de 80.000 han desaparecido o perdido la vida. Y esas cifras —hay que insistir— no son totales, son apenas el mínimo documentado. Detrás de cada número hay una historia sin registro, una familia sin cierre, una ausencia sin nombre.

Se dirá que en 2025 hubo una ligera disminución respecto al récord de 9.200 muertes en 2024. Pero celebrar esa baja sería un ejercicio de cinismo estadístico. No se trata de una mejora estructural, sino de un espejismo construido, en parte, por menos personas intentando cruzar rutas letales y, en parte, por menos ojos documentando la tragedia. Menos migrantes en tránsito no significa menos desesperación; significa más contención, más miedo, más bloqueo. Y menos registros no implican menos muertes, sino menos responsabilidad.

El problema de fondo no es la migración. Es la manera en que el mundo la gestiona —o, mejor dicho, la evade. La política migratoria global se ha convertido en un ejercicio de contención reactiva: muros más altos, controles más duros, acuerdos de tercer país, externalización de fronteras. Se invierten millones en disuasión, pero muy poco en protección. El resultado es perverso: las rutas no desaparecen, solo se vuelven más peligrosas.

La narrativa dominante insiste en que endurecer las fronteras reduce el flujo. Pero la evidencia sugiere otra cosa: lo desplaza. Empuja a las personas hacia caminos más remotos, más caros, más controlados por redes criminales. El desierto, el mar, la selva —todos se convierten en filtros mortales. La muerte, en este contexto, deja de ser accidente y empieza a parecer diseño.

A esto se suma un factor menos visible pero igualmente crítico: el debilitamiento de los actores humanitarios. Las restricciones financieras que menciona la OIM no son un detalle técnico; son una decisión política. Documentar la muerte es el primer paso para reconocerla. Sin datos, no hay urgencia. Sin urgencia, no hay acción. Reducir la capacidad de registro es, en la práctica, reducir la presión para cambiar las cosas.

La pregunta incómoda es por qué, después de más de una década de cifras crecientes, no se ha producido una respuesta proporcional. La respuesta no es falta de información, sino falta de voluntad. Las muertes de migrantes no generan el mismo escándalo que otras crisis porque están geográficamente dispersas, políticamente incómodas y socialmente despersonalizadas. Son tragedias sin audiencia masiva.

Sin embargo, hay una dimensión ética que no puede seguir postergándose. Si se acepta que estas muertes son evitables —como afirma la propia OIM—, entonces su persistencia implica responsabilidad. No abstracta, no difusa: concreta. De los Estados que priorizan la disuasión sobre la protección. De los gobiernos que firman acuerdos para contener migrantes fuera de sus territorios sin garantizar sus derechos. De las sociedades que toleran estas políticas mientras se benefician de las economías que la migración sostiene.

El desafío no es técnico, es político. Existen alternativas: vías legales y seguras de migración, sistemas de asilo más ágiles, cooperación internacional basada en derechos y no en contención. Pero implementarlas requiere algo que escasea: asumir que la movilidad humana no es una amenaza a erradicar, sino una realidad a gestionar con dignidad.

Mientras tanto, el conteo continúa. Cada cifra anual no es solo un dato, es un recordatorio de fracaso colectivo. Y 2026 ya empezó a escribir el suyo.

Organizaciones binacionales como #FuerzaMirante o Proyecto México Migrante han insistido en algo que conecta directamente con el informe de la OIM: sin vías legales y seguras, la migración irregular no disminuye, solo se vuelve más mortal. Su incidencia ha girado en torno a reformas migratorias, protección consular y cooperación entre países, subrayando que la política actual empuja a las personas a rutas de alto riesgo.

Si se observa el contexto reciente, el tono de estas organizaciones se ha endurecido. En la frontera norte de México, activistas y albergues han denunciado que los recortes a la ayuda humanitaria y las políticas restrictivas han dejado a miles de migrantes atrapados o invisibilizados, debilitando la capacidad de documentar abusos y muertes.

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