El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, denunció un presunto encubrimiento por parte del gobierno federal ante los señalamientos de infiltración del crimen organizado en la política mexicana, particularmente en Sinaloa. El legislador calificó como grave la falta de respuesta institucional y advirtió que minimizar estos hechos pone en riesgo la democracia del país. “Lo que está ocurriendo en Sinaloa no puede esconderse; estamos ante acusaciones de narcopolítica que, de confirmarse, implican una amenaza directa al sistema democrático”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el silencio gubernamental “no es prudencia, es complicidad”.

Ante este escenario, Vázquez anunció la presentación de un punto de acuerdo en el Senado para exigir la intervención inmediata de las autoridades federales. Entre las principales demandas, destaca el cumplimiento estricto del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como la obligación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República de garantizar que los implicados enfrenten la justicia. También solicitó un informe detallado al Congreso sobre el estatus de las investigaciones, el avance de las solicitudes de extradición y el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de cooperación judicial.

El legislador panista propuso además que la información relacionada con estos casos sea remitida al Instituto Nacional Electoral para determinar posibles violaciones a la ley, incluyendo financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado. Incluso planteó que el INE evalúe la cancelación del registro de Morena ante presuntas irregularidades sistemáticas. Asimismo, señaló que, aunque el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya se separó del cargo, es necesario que otros funcionarios, como el senador Enrique Inzunza, hagan lo propio para garantizar investigaciones imparciales. Finalmente, Vázquez advirtió que México no puede normalizar la narcopolítica y subrayó que el país enfrenta una prueba crucial para demostrar si prevalece el Estado de Derecho o la impunidad.