El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje especial en el que analiza el impacto político, judicial y diplomático que ha generado el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones formuladas por fiscales de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el análisis periodístico, la investigación abierta en cortes estadounidenses representa uno de los episodios más delicados en la relación bilateral reciente entre México y Estados Unidos, debido a que las acusaciones alcanzan a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, así como a personajes cercanos políticamente al mandatario sinaloense. El reportaje señala que fiscales estadounidenses sostienen que Rocha Moya habría recibido apoyo político y protección electoral por parte de grupos criminales, particularmente ligados a la facción de “Los Chapitos”, a cambio de presunta protección institucional.

El trabajo periodístico del diario neoyorquino también destaca que el caso ha colocado a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a un escenario políticamente complejo, debido a la presión internacional para investigar posibles nexos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales, mientras Morena ha cerrado filas en defensa del exgobernador sinaloense y ha exigido pruebas contundentes al gobierno estadounidense.

Según el reportaje, las acusaciones forman parte de una nueva estrategia de Washington para combatir estructuras de corrupción vinculadas al narcotráfico, en momentos en que el gobierno estadounidense ha endurecido su postura frente al tráfico de fentanilo y las operaciones del Cártel de Sinaloa. La investigación también involucra a otros exfuncionarios estatales, incluidos responsables de seguridad y finanzas en Sinaloa, algunos de los cuales ya enfrentan procesos judiciales o investigaciones en territorio estadounidense.

El New York Times retoma además antecedentes relacionados con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las versiones surgidas desde 2024 sobre presuntos acuerdos políticos y criminales en Sinaloa, temas que han sido negados reiteradamente por Rocha Moya y dirigentes de Morena. El gobernador con licencia ha rechazado públicamente todas las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin sustento jurídico.

En medio de este escenario, el Congreso de Sinaloa aprobó la separación temporal de Rocha Moya del cargo, mientras Yeraldine Bonilla Valverde asumió la gubernatura interina. Paralelamente, autoridades financieras mexicanas mantienen revisiones sobre cuentas y movimientos relacionados con funcionarios cercanos al exmandatario estatal, aunque hasta el momento el gobierno federal mexicano ha insistido en que cualquier señalamiento deberá sustentarse con pruebas formales.