Por Daniel Lee

Mientras Estados Unidos endurece su discurso antimigrante y multiplica operativos fronterizos, una nueva reforma laboral avanza silenciosamente sobre el sector agrícola estadounidense con un objetivo concreto: abaratar la contratación de trabajadores temporales extranjeros. La modificación al programa de visas H-2A, vigente de manera provisional desde octubre pasado, reducirá significativamente los salarios mínimos y permitirá a los empleadores ahorrar miles de millones de dólares al año.

La reforma al programa H-2A en Estados Unidos reducirá hasta 46.7% los salarios agrícolas y agravará las condiciones laborales de miles de jornaleros migrantes, en su mayoría mexicanos.

Especialistas de la Universidad de California señalan que la medida podría llevar los ingresos hasta un piso nacional de apenas ocho dólares por hora. El análisis, publicado por la Fundación Giannini de Economía Agrícola, advierte que el nuevo esquema no sólo deteriorará las condiciones de empleo, sino que además incentivará mecanismos de subcontratación con menos protección y salarios todavía más bajos.

La lógica detrás de esta política es clara: hacer más rentable la contratación de trabajadores con visa temporal que la de personas indocumentadas. En otras palabras, Washington no está combatiendo la explotación laboral migrante; simplemente la está reorganizando bajo nuevas reglas económicas.

La contradicción: Estados Unidos criminaliza públicamente la migración irregular mientras adapta su legislación para seguir dependiendo de trabajadores extranjeros en sectores estratégicos como el agrícola. Lo cierto, estimad lector, y lo hemos dicho una y otra vez, es que Miles de mexicanos sostienen cosechas, cadenas alimentarias y exportaciones enteras, particularmente en estados como California, donde los productores ahorrarían alrededor de cien millones de dólares este año gracias a la reducción salarial.

Seamos claros: detrás de cada cifra de “ahorro” existe un costo humano.

Los investigadores Zachariah Rutledge, Philip Martin y Michael Hall advierten que la caída salarial podría desalentar la permanencia de trabajadores con experiencia, incrementando la rotación y debilitando la estabilidad del sector. Ese escenario abriría aún más espacio a empresas intermediarias y contratistas que suelen operar bajo esquemas opacos y con menores garantías laborales.

La reforma también contempla descuentos adicionales para quienes vivan en alojamientos proporcionados por los empleadores, reduciendo todavía más el ingreso real de los jornaleros. El resultado es un modelo donde el trabajador queda atrapado entre bajos salarios, dependencia económica y escasa capacidad de defensa.

Además, mantener diferencias salariales entre trabajadores estadounidenses y migrantes que realizan tareas similares podría generar tensiones internas y profundizar divisiones dentro del propio sector agrícola. La vieja estrategia de fragmentar a la fuerza laboral para impedir organización colectiva reaparece ahora legitimada desde la política pública.

Lo más preocupante es que la precarización dejó de ser una consecuencia secundaria del sistema agrícola estadounidense; hoy forma parte de su diseño operativo. La explotación ya no necesita esconderse en la informalidad. Ahora se administra desde reglamentos federales, cálculos empresariales y reformas migratorias.

México, mientras tanto, permanece prácticamente ausente del debate. Millones de dólares en remesas dependen directamente de estos trabajadores, pero el Estado mexicano sigue sin construir una defensa internacional sólida frente a medidas que afectan de manera directa a miles de sus ciudadanos. Así las cosas…

Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542