Senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional acusaron que Morena reconoció el fracaso de su reforma judicial al impulsar nuevas modificaciones constitucionales apenas dos años después de haber aprobado el modelo que transformó al Poder Judicial, el cual —afirmaron— debilitó la división de poderes, destruyó la carrera judicial y generó incertidumbre jurídica en México.

Durante la discusión del dictamen en materia judicial en el Senado de la República, legisladores del PRI advirtieron que el oficialismo pretende consolidar el control político sobre los órganos de justicia bajo el argumento de fortalecer la democracia, cuando en realidad, sostuvieron, se está debilitando la autonomía judicial y erosionando la confianza institucional del país.

La senadora Carolina Viggiano Austria señaló que la elección popular de jueces, magistrados y ministros no garantiza independencia ni capacidad técnica, además de abrir espacios para la manipulación política mediante estructuras de movilización electoral y candidaturas impulsadas desde el poder. La legisladora criticó el alto costo del proceso electoral judicial, el cual estimó en alrededor de 15 mil millones de pesos, recursos que —dijo— podrían utilizarse para atender necesidades urgentes en salud, seguridad e infraestructura.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó que Morena pretende que el Congreso “corrija el tiradero” generado por la reforma judicial aprobada en 2024. Afirmó que el oficialismo eliminó mecanismos de evaluación profesional y debilitó la carrera judicial al desaparecer exámenes de oposición y criterios técnicos para la designación de impartidores de justicia.

Añorve sostuvo además que la nueva reforma no contempla sanciones contra prácticas como el uso de “acordeones”, el acarreo o la operación política durante las elecciones judiciales, lo que —aseguró— evidencia la intención de consolidar un modelo de control partidista sobre el Poder Judicial.

En el mismo sentido, la senadora Cristina Ruiz Sandoval afirmó que Morena atraviesa una crisis política y electoral, razón por la cual intenta modificar nuevamente las reglas judiciales ante la incapacidad operativa para implementar el modelo aprobado anteriormente. Advirtió que la falta de certeza jurídica y el debilitamiento institucional están provocando desconfianza internacional y ponen en riesgo la inversión y la estabilidad económica del país.

El senador Rolando Zapata Bello calificó la elección judicial de 2024 como un proceso “improvisado y confuso”, al señalar que una parte significativa de los votos emitidos para la Suprema Corte resultaron nulos o inválidos. Asimismo, hizo referencia a datos del Instituto Nacional Electoral que documentaron coincidencias entre candidaturas promovidas en los llamados “acordeones” oficialistas y los resultados obtenidos en diversas casillas electorales.

A su vez, la senadora María del Refugio Higuera Cázares vinculó la reforma judicial con lo que denominó un “pacto criminal” entre Morena y grupos delictivos, particularmente en Sinaloa. La legisladora aseguró que el riesgo de infiltración del crimen organizado en el proceso de elección judicial ya no es una amenaza hipotética, sino una realidad que pone en peligro la legalidad y la imparcialidad del sistema de justicia.

El senador Ángel García Yáñez sostuvo que Morena impulsa ahora una “reforma contra reforma” para corregir errores derivados de improvisaciones y vacíos legales contenidos en la modificación constitucional aprobada en 2024. Criticó que el oficialismo haya ignorado advertencias realizadas por especialistas y fuerzas de oposición sobre los riesgos de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.

Finalmente, las y los legisladores priistas reiteraron su voto en contra del dictamen y acusaron que Morena busca apropiarse políticamente del Poder Judicial en lugar de fortalecer el acceso a una justicia imparcial y profesional. Advirtieron que las modificaciones constitucionales impulsadas por el oficialismo continúan generando incertidumbre jurídica, afectaciones económicas y desconfianza tanto nacional como internacional hacia México.