La entrada en vigor de las nuevas disposiciones que amplían las facultades de la Guardia Nacional en carreteras federales volvió a encender el debate sobre los límites de la autoridad, la militarización de la seguridad pública y el riesgo de abusos contra ciudadanos y transportistas en México. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de mayo de 2026, las reformas permiten a los elementos de la corporación detener vehículos aun cuando el semáforo esté en verde, imponer multas directamente, realizar revisiones físico-mecánicas, aplicar pruebas de alcohol y drogas, e incluso proceder con detenciones inmediatas por desacato.

Aunque el gobierno federal sostiene que las medidas buscan fortalecer la seguridad carretera, prevenir accidentes y combatir delitos como el robo al transporte de carga, organizaciones civiles, conductores y especialistas en derechos humanos advierten que las nuevas atribuciones podrían convertirse en una herramienta de intimidación y discrecionalidad, especialmente en un país donde las denuncias por abuso de autoridad, extorsión y violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad han sido constantes durante los últimos años.

Uno de los puntos más polémicos del nuevo esquema es que las órdenes de la Guardia Nacional prevalecerán sobre señalamientos viales y normas de tránsito, por lo que negarse a detenerse puede derivar en una acusación por desobediencia, contemplada en el artículo 178 del Código Penal Federal. Además, los agentes podrán revisar las condiciones mecánicas de las unidades, ordenar su envío a depósitos federales y aplicar sanciones económicas que superan los cinco mil pesos, todo bajo un marco legal que, para críticos, amplía peligrosamente el margen de actuación de la corporación.

La preocupación no es menor. Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales debido a presuntos excesos en operativos, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. Diversos sectores recuerdan que la corporación, pese a su carácter civil en el discurso oficial, mantiene una estructura y mando eminentemente militar, lo que ha generado cuestionamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y respeto a garantías constitucionales.

Transportistas y automovilistas también expresaron preocupación por el posible incremento de actos de corrupción en carretera. Aunque la nueva normativa deja claro que ningún elemento puede exigir pagos en efectivo y que hacerlo constituye un delito, existe desconfianza debido a antecedentes de extorsiones y “mordidas” denunciadas históricamente en tramos federales del país. El temor es que las nuevas facultades terminen convirtiéndose en un mecanismo de presión contra ciudadanos que desconocen el alcance de la ley.

El endurecimiento de las facultades de la Guardia Nacional ocurre en medio de un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia, inseguridad en carreteras y una creciente presencia militar en tareas civiles. Mientras el gobierno defiende la estrategia como necesaria para recuperar el control territorial y proteger a los usuarios de las vías federales, la discusión de fondo permanece abierta: ¿estas medidas representan realmente un beneficio para la seguridad de la sociedad o son un nuevo paso hacia un modelo donde la autoridad tiene cada vez más poder y los ciudadanos menos margen para defender sus derechos?