En medio del creciente clima de confrontación política y señalamientos sobre presuntas presiones desde el poder contra voces críticas, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República anunciaron la presentación de una iniciativa de Ley Federal para la Protección de la Libertad de Expresión frente al Uso Arbitrario del Poder Público, con la que buscan impedir que cualquier autoridad utilice las instituciones del Estado como herramientas de intimidación, persecución política o represalia contra ciudadanos, periodistas, medios de comunicación y opositores.

La propuesta, que será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, surge en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte de sectores de oposición, organizaciones civiles y analistas sobre el tono cada vez más agresivo desde el poder hacia medios de comunicación, periodistas críticos y actores políticos que cuestionan decisiones del gobierno federal.

Las y los legisladores priistas advirtieron que el objetivo de la iniciativa no es censurar, regular contenidos ni limitar el debate político, sino establecer límites claros al ejercicio del poder público cuando éste sea utilizado para inhibir la crítica, desacreditar opositores o generar miedo mediante el uso de facultades institucionales.

“La libertad de expresión no sólo es un derecho individual; es una condición indispensable para la existencia de la democracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el poder”, sostienen los senadores del PRI en la exposición de motivos de la propuesta legislativa.

La iniciativa plantea la creación de un marco preventivo y cautelar que permita identificar y sancionar actos de presión política o institucional ejercidos desde el aparato gubernamental contra quienes cuestionen al poder. Además, busca garantizar que ninguna autoridad federal, sin importar su filiación partidista o legitimidad electoral, pueda utilizar recursos públicos, procedimientos administrativos o mecanismos de fiscalización como instrumentos de persecución política.

Los legisladores priistas insistieron en que la propuesta no pretende restringir el derecho de réplica de las autoridades ni limitar su participación en el debate público; sin embargo, señalaron que una democracia no puede sostenerse cuando el poder busca colocarse por encima del escrutinio ciudadano o utiliza la fuerza institucional para desacreditar voces incómodas.

En ese sentido, advirtieron que el país enfrenta un escenario preocupante en el que la polarización política y la descalificación constante desde espacios oficiales podrían derivar en un ambiente de intimidación y autocensura. Por ello, subrayaron que la crítica pública, el periodismo de investigación y el debate abierto no debilitan al Estado, sino que fortalecen la legitimidad democrática y permiten corregir abusos antes de que éstos se conviertan en prácticas estructurales.

La bancada priista también sostuvo que defender la libertad de expresión no significa proteger intereses particulares o empresariales, sino salvaguardar el derecho de toda sociedad democrática a cuestionar, investigar y exigir cuentas a quienes ejercen el poder público.

“Las democracias no colapsan únicamente mediante golpes autoritarios abruptos; también pueden erosionarse gradualmente cuando el miedo, la intimidación institucional y la estigmatización sustituyen al debate libre y plural”, advirtieron las y los senadores del PRI, quienes acusaron que actualmente existe un riesgo real de que el uso faccioso de las instituciones termine debilitando las libertades fundamentales en México.

La iniciativa se da en un momento de alta tensión política nacional, marcado por confrontaciones entre el oficialismo y sectores opositores, así como por denuncias constantes sobre presuntos actos de presión desde el poder hacia periodistas, comunicadores y críticos del gobierno federal.