Ciudad de México, 02 de junio de 2026.- Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, acompañados por integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados y representantes de organizaciones civiles de Sinaloa, exigieron la desaparición de poderes en esa entidad al acusar que existe un “narcogobierno” coludido con el crimen organizado, responsable —aseguraron— de la crisis de violencia, desapariciones, homicidios y colapso económico que enfrenta el estado desde hace casi dos años.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la senadora priista Paloma Sánchez Ramos, los participantes denunciaron que Sinaloa vive una situación de “terror” derivada de lo que calificaron como un pacto criminal entre funcionarios públicos y grupos del narcotráfico, particularmente ligados al Cártel de Sinaloa.

La legisladora sostuvo que, tras más de 21 meses de violencia, las y los sinaloenses “despertaron con la verdad” luego de las acusaciones y órdenes judiciales emitidas desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios cercanos al exgobernador Rubén Rocha Moya.

“Las y los sinaloenses exigimos justicia y paz. Hoy seguimos viviendo una narcoguerra que ha dejado miles de muertos, desaparecidos, negocios cerrados y una economía devastada”, declaró la senadora.

Entre las cifras presentadas durante la conferencia destacaron 2 mil 815 homicidios; 3 mil 878 personas desaparecidas; más de 10 mil vehículos robados; casi 7 mil empresas cerradas; 38 mil empleos perdidos y daños económicos superiores a los 170 mil millones de pesos.

Los representantes de la Alianza Mexicana de Abogados señalaron que la violencia en Sinaloa ya rebasó cualquier capacidad institucional y acusaron directamente al exgobernador Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázares, de mantener vínculos con “poderes fácticos” y estructuras criminales.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la organización y originario de Sinaloa, afirmó que la entidad se encuentra “minada” por el crimen organizado y sostuvo que tanto el Poder Ejecutivo estatal como el Legislativo habrían sido infiltrados por recursos ilícitos durante los procesos electorales de 2021.

“En Sinaloa ya no sabemos de quién cuidarnos, porque gobierno y narco son lo mismo. La ciudadanía vive con miedo permanente mientras las autoridades maquillan cifras y simulan avances”, acusó.

Asimismo, reveló que organizaciones civiles ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y solicitaron formalmente la desaparición de poderes en la entidad, argumentando que existe una pérdida total de gobernabilidad.

Durante la conferencia, los abogados señalaron que la violencia en Sinaloa ha provocado un éxodo masivo de habitantes, cierre de actividades comerciales y la desaparición de la vida nocturna en ciudades como Culiacán, donde, aseguraron, la población vive bajo una dinámica de retenes, balaceras, secuestros y extorsiones diarias.

También denunciaron que el crimen organizado controla actividades económicas estratégicas como agricultura, pesca, obra pública y comercio, mediante el cobro de piso y presuntas redes de corrupción en gobiernos municipales y estatales.

Julio Alvarado, vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, adelantó que solicitarán a la FGR ampliar las investigaciones contra Enrique Inzunza Cázares y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de impulsar procedimientos de desafuero.

Los participantes hicieron un llamado urgente al Senado de la República para convocar a una sesión extraordinaria que permita analizar la desaparición de poderes en Sinaloa y designar autoridades ajenas al grupo político que actualmente gobierna la entidad.

“Lo único que queremos es recuperar la paz, la tranquilidad y la armonía en Sinaloa”, concluyeron.