Por Daniel Lee

Si existe una organización obligada a responder por las condiciones laborales que rodean las obras del Mundial FIFA 2026 en México, esa es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por Pedro Haces. Sin embargo, mientras crecen las denuncias sobre explotación de trabajadores migrantes, subcontratación irregular, falta de seguridad social, desplazamiento de comunidades enteras y utilización de recursos públicos para beneficiar a un evento privado, la organización sindical que presume representar la nueva cara del sindicalismo mexicano ha optado por el silencio.
No es una omisión menor. Se trata de una ausencia que resulta políticamente escandalosa.
Durante años, Pedro Haces ha construido una imagen de poder. Empresario, dirigente sindical, operador político y personaje cercano a las más altas esferas gubernamentales, ha promovido a la CATEM como una organización moderna, eficiente y capaz de garantizar estabilidad laboral en los grandes proyectos nacionales. Pero cuando aparecen denuncias que involucran precisamente a los trabajadores que deberían estar bajo la protección de las organizaciones sindicales, la respuesta es el mutismo.
La investigación realizada por organizaciones sociales y laborales en torno a las obras vinculadas al Mundial 2026 describe una realidad que contradice por completo los discursos oficiales. En la Ciudad de México, trabajadores migrantes procedentes de Haití y Venezuela estarían siendo contratados mediante cadenas de subcontratación que los mantienen fuera de los registros formales, sin acceso a seguridad social ni cobertura médica. Algunos de ellos, según los testimonios recabados, han llegado incluso a dormir en las calles debido al incremento descontrolado de los costos de vivienda alrededor de las zonas de construcción.
La pregunta es: ¿dónde está la CATEM?
Porque si existe una organización que presume influencia en el sector de la construcción y presencia en las grandes obras de infraestructura del país, es precisamente la encabezada por Pedro Haces. Si los señalamientos son falsos, debería ser la primera en exigir investigaciones para desmentirlos. Si son ciertos, debería encabezar la defensa de los trabajadores afectados. Lo que resulta inadmisible es que frente a acusaciones tan graves no exista una postura clara ni una explicación pública.
El problema va más allá de un sindicato. Las denuncias revelan una práctica que históricamente ha acompañado a los grandes eventos internacionales: la construcción de riqueza para unos cuantos a partir de la vulnerabilidad de muchos. El Mundial llega envuelto en promesas de desarrollo, inversión y prosperidad, pero detrás de los discursos aparecen trabajadores invisibles, contrataciones opacas y comunidades enteras sometidas a procesos de desplazamiento.
En los alrededores del Estadio Azteca no solamente se han levantado nuevas estructuras comerciales y viales. También se han multiplicado las denuncias de comerciantes amenazados con desalojos, habitantes afectados por el incremento de rentas y trabajadoras sexuales expulsadas de espacios donde han desarrollado sus actividades durante años.
Lo que los gobiernos llaman regeneración urbana, muchos vecinos lo identifican como despojo.
No es casualidad que colectivos sociales hayan comenzado a denominar al torneo como “el Mundial del despojo”. La expresión refleja la percepción de miles de personas que observan cómo el espacio público, los recursos gubernamentales y la planeación urbana terminan subordinados a los intereses de corporaciones, desarrolladores inmobiliarios y organismos internacionales como la FIFA.
Más preocupante aún resulta la denuncia relacionada con el uso de programas públicos de empleo para cubrir parte de las necesidades operativas del torneo. Si trabajadores destinados a funciones vinculadas al Mundial están siendo financiados mediante recursos públicos, entonces los contribuyentes mexicanos estarían subsidiando actividades que deberían ser cubiertas por una organización que obtiene miles de millones de dólares en ingresos.
La FIFA gana. Los desarrolladores inmobiliarios ganan. Las constructoras ganan. Los operadores políticos fortalecen sus redes de influencia. Pero los trabajadores migrantes siguen enfrentando incertidumbre laboral, los pequeños comerciantes luchan por conservar sus espacios y las comunidades locales pagan el costo social de la transformación urbana.
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