La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones, protocolos y estrategias integrales contempladas en el programa «Entornos Escolares Seguros», con el propósito de prevenir el acoso escolar, la violencia y otros factores de riesgo que afectan a millones de estudiantes en México.

El exhorto surge en un contexto en el que 28.5 por ciento de las personas de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar o violencia dentro de su entorno educativo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El dictamen, aprobado el pasado 22 de julio por la Segunda Comisión de la Permanente, plantea que la SEP y las autoridades educativas estatales continúen fortaleciendo, en coordinación con las comunidades escolares, las medidas preventivas orientadas a garantizar espacios educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos y al interés superior de la niñez y la adolescencia.

Los legisladores destacaron que el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a más de 34 millones de estudiantes distribuidos en aproximadamente 258 mil planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior, lo que convierte la prevención de la violencia escolar en una prioridad permanente para las autoridades educativas del país.

El documento señala que la estrategia «Entornos Escolares Seguros», impulsada por la Secretaría de Educación Pública, promueve la corresponsabilidad entre autoridades, docentes, madres y padres de familia, así como las comunidades escolares, con el objetivo de prevenir factores de riesgo y consolidar una cultura de paz tanto al interior como en el entorno de los planteles educativos.

Asimismo, subraya que dicho programa constituye un mecanismo institucional que integra lineamientos, protocolos y acciones de observancia general encaminadas a garantizar que las escuelas sean espacios seguros, saludables e incluyentes, privilegiando acciones preventivas, de convivencia y protección integral, sin recurrir a medidas que pudieran vulnerar derechos fundamentales o carezcan de sustento legal.

En ese sentido, la Segunda Comisión consideró indispensable mantener y fortalecer las estrategias de prevención frente a fenómenos como el acoso escolar, la discriminación y la violencia entre estudiantes, a fin de generar condiciones que favorezcan el aprendizaje, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el dictamen exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a redoblar esfuerzos para consolidar ambientes escolares seguros, fortalecer los mecanismos de prevención y atención de riesgos, y garantizar que los centros educativos continúen siendo espacios donde prevalezcan la inclusión, el respeto y la protección de los derechos de la comunidad estudiantil.