Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

A la memoria de mi madre, Marcela Ojeda Castilla, hoy a siete años de su partida

La reciente advertencia sobre la penetración de la narcopolítica en el Poder Judicial, combinada con los inéditos citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) a figuras políticas de primer nivel, configura un panorama que merece una lectura más cuidadosa. Desde diversos espacios, especialistas advierten que la narcopolítica ya no se limita a gobiernos estatales o procesos electorales, sino que alcanzó al Poder Judicial, donde personas vinculadas con la delincuencia organizada ocupan cargos federales y podrían influir en decisiones sobre investigaciones y procesos penales. La justicia, al parecer, enfrenta una crisis que va mucho más allá de lo administrativo.

Los datos duros que acompañan este escenario no son menores. La FGR informó que citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza y a otros ocho mexicanos tras las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta colaboración con el crimen organizado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En paralelo, dentro de otro expediente por un narcolaboratorio, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal César Jáuregui también fueron citados a comparecer para esclarecer la cadena de mando en operativos donde participaron agentes estadounidenses.

El discurso oficial insiste en una depuración del sistema, pero los hechos exhiben contradicciones profundas. En este sentido, se sostiene que la reciente reforma judicial permitió que perfiles cuestionados llegaran a los tribunales mediante filtros políticos, señalando que la abogada de «El Chapo» y la hija del fundador de La Luz del Mundo son hoy juezas federales. A esto se suma lo que han calificado como una protección política excepcional hacia figuras como Rocha Moya y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ante los señalamientos de Ismael «El Mayo» Zambada sobre sus reuniones con el mandatario sinaloense y las alertas electorales de 2021, la defensa institucional contrasta con la gravedad de las acusaciones.

La pregunta es: si el crimen organizado ha mutado, y los narcotraficantes ahora son dueños de empresas e industrias energéticas, ¿qué impide que también financien decisiones judiciales? El momento genera suspicacias legítimas. Mientras la FGR asegura que sus actuaciones y entrevistas ministeriales se desarrollan con plena sujeción al debido proceso legal y constitucional para avanzar con exhaustividad, lo que no queda claro es si el aparato del Estado tiene la verdadera intención de sancionar a los suyos frente a la creciente presión política y diplomática estadounidense.

A nivel cupular, el panorama no ofrece mayor certidumbre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es descrita por la analista como un tribunal politizado, peleado y con fuertes desniveles de conocimiento, donde ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos muestran severas deficiencias en su labor diaria. Una Corte que deja de producir criterios jurídicos para concentrarse en debates políticos deja de cumplir su función de tribunal constitucional.

La captura del Poder Judicial, según esta lectura, completa un ciclo perverso que inicia con el financiamiento de campañas y termina con jueces capaces de frenar consecuencias penales. Las próximas elecciones judiciales podrían, paradójicamente, ampliar esta filtración al permitir que los grupos que financian candidaturas impulsen a los juzgadores.

Reformar para democratizar es un postulado válido en cualquier democracia madura. Sin embargo, abrir la puerta para que poderes fácticos dicten sentencias bajo el velo de la legitimidad popular es un riesgo de proporciones históricas.  En un país donde la impunidad es la regla, cuando el crimen organizado se pone la toga, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en un simple trámite administrativo.

APUNTES CLAVE:

APAGÓN: A menos de que concluya el plazo de registro obligatorio de líneas móviles en México, millones de usuarios podrían enfrentar un posible apagón celular. De acuerdo con el reporte, aún faltan más de 100 millones de líneas por registrarse antes del 30 de junio de 2026, mientras que las pérdidas estimadas para el sector superarían los 59 mil millones de pesos anuales. Empresas, especialistas y organizaciones han advertido riesgos operativos, afectaciones económicas y cuestionamientos sobre privacidad y viabilidad técnica del sistema. //¿APERTURA?: La Sala Superior del Tribunal Electoral avaló las reformas internas del PAN que permiten la reelección consecutiva de su dirigencia nacional, con lo que Jorge Romero quedó legalmente habilitado para buscar permanecer al frente del partido en el periodo 2027–2030. La decisión rechazó los recursos que señalaban posibles afectaciones a la paridad de género y elimina el principal obstáculo para una eventual reelección dentro de Acción Nacional. //MEDICAMENTOS: El diputado Alejandro Domínguez, integrante del Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes falsifiquen, alteren o comercialicen medicamentos ilegales en México. La propuesta plantea aumentar penas de prisión y aplicar medidas como clausura definitiva de establecimientos e inhabilitación temporal de responsables, especialmente cuando estos productos afecten tratamientos especializados o lleguen a instituciones de salud. El objetivo es fortalecer la salud pública y proteger a las personas usuarias del sistema sanitario. 

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