El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa en el Senado de la República para reconocer el envejecimiento activo como un derecho y fortalecer la protección integral de las personas adultas mayores mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley General de Salud.

La propuesta, suscrita por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández, Yeidckol Polevnsky y el senador Alberto Anaya Gutiérrez, busca incorporar de manera formal el concepto de envejecimiento activo en la legislación mexicana, estableciendo obligaciones para que el Estado diseñe e implemente políticas públicas preventivas, transversales y progresivas que permitan mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 3 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para reconocer el derecho a un envejecimiento saludable, digno y con participación social, garantizando oportunidades de acceso a la salud, autonomía personal, seguridad, aprendizaje permanente, integración comunitaria y desarrollo integral.

Asimismo, propone reformas a la Ley General de Salud para que el Sistema Nacional de Salud desarrolle programas integrales enfocados en preservar las capacidades funcionales, cognitivas y psicoemocionales de las personas adultas mayores. De igual forma, establece que los servicios médicos deberán incluir atención geriátrica especializada, así como acciones de prevención, detección y control oportuno del deterioro físico, cognitivo y emocional asociado al envejecimiento.

Las y los legisladores señalaron que el envejecimiento poblacional constituye una realidad demográfica irreversible que exige respuestas innovadoras desde el ámbito jurídico, sanitario y social. En ese sentido, destacaron que garantizar el derecho al envejecimiento activo implica generar condiciones que permitan a las personas vivir más años con salud, independencia y plena participación en la vida comunitaria.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), México experimenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico. Mientras que en 1970 existían 12 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años, para 2020 la cifra aumentó a aproximadamente 48 personas mayores por cada 100 menores. Además, se estima que para 2030 este sector representará cerca del 15 por ciento de la población nacional.

Los promoventes advirtieron que esta transformación en la estructura poblacional obliga a fortalecer las políticas públicas relacionadas con salud, seguridad social y sistemas de cuidados, con el objetivo de garantizar una vejez digna, autónoma y con mayores oportunidades de participación social.

La iniciativa también pone énfasis en la denominada feminización del envejecimiento, al señalar que el 56 por ciento de las personas adultas mayores en México son mujeres. Esta condición plantea desafíos particulares en materia de protección social, acceso a pensiones y servicios de cuidado, debido a que una parte importante de este sector tuvo una participación limitada en el mercado laboral formal a lo largo de su vida.

Las y los senadores del PT subrayaron que las personas mayores no deben ser consideradas únicamente como beneficiarias de programas sociales, sino como sujetos plenos de derechos con capacidad para contribuir activamente al desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades.

Finalmente, los legisladores afirmaron que el propósito de la reforma es que el envejecimiento activo deje de ser una aspiración y se convierta en un derecho garantizado por la ley, permitiendo que millones de personas adultas mayores vivan con mejores condiciones de salud, autonomía y participación social. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Bienestar, Salud y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.